Nicolás Maduro

Nicolás Maduro impulsó una economía de fuerte intervención estatal, con controles de precios, expropiaciones y nacionalizaciones destinadas a sostener el modelo socialista heredado de Hugo Chávez. Esas medidas derivaron en una crisis profunda, con hiperinflación, escasez de bienes básicos y un derrumbe de la producción nacional que dejó en evidencia la ineficacia de su gestión. Hubo intentos contradictorios de apertura parcial al sector privado y una dolarización de hecho tolerada desde 2019, pero sin desmontar el esquema centralizado ni la discrecionalidad del Estado. La corrupción endémica, ejemplificada por la trama PDVSA-Cripto que evaporó miles de millones de dólares en 2023, y el clientelismo de las cajas CLAP agravaron el deterioro productivo. Tras su captura, su sucesora firmó el 29 de enero de 2026 una ley que abrió la producción y la venta de crudo al capital privado, un giro que subraya que el legado de Maduro fue un estatismo de izquierda sostenido más por el control de la renta petrolera que por sus resultados.

Maduro sostuvo la retórica de inclusión popular del chavismo y conservó programas redistributivos como las misiones y las cajas CLAP, lo que explica una ubicación moderadamente progresista, aunque en el marco de una crisis humanitaria que empujó a más de siete millones de venezolanos a emigrar. En la práctica esos programas se degradaron y se instrumentalizaron mediante el carnet de la patria, que condicionó el acceso a alimentos y bonos a la lealtad política. La agenda social terminó subordinada a la supervivencia del régimen, y cuando cayó, en enero de 2026, dejó un país con una pobreza mucho más extendida y unos servicios públicos mucho peores que los que había heredado en 2013.

Maduro profundizó el autoritarismo que heredó: vació de competencias a la Asamblea Nacional opositora electa en 2015 y montó una Constituyente paralela en 2017. Reprimió las protestas de 2014, 2017 y 2019 con cientos de muertos, encarceló a dirigentes opositores y se proclamó ganador de las presidenciales del 28 de julio de 2024 sin publicar nunca las actas, mientras la oposición difundía copias que apuntaban a una derrota amplia. La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documentó torturas y desapariciones forzadas atribuidas al SEBIN y a la DGCIM, y buena parte de la comunidad internacional desconoció esa reelección. Su gobierno terminó el 3 de enero de 2026, cuando comandos estadounidenses lo capturaron en Fuerte Tiuna y lo trasladaron a Nueva York, un desenlace que no fue una transición institucional sino el colapso de un poder que ya no se sostenía en votos. Su defensa pidió anular la causa, pero el juez Alvin Hellerstein lo rechazó el 26 de marzo de 2026 y en julio fijó el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027.

Maduro hizo del antiimperialismo y la soberanía nacional el eje de su discurso: expulsó diplomáticos estadounidenses, rompió relaciones con Washington en enero de 2019, rechazó cada sanción como agresión externa y reactivó el reclamo sobre el Esequibo con el referendo de diciembre de 2023. Al mismo tiempo centralizó el control estatal sobre los sectores estratégicos en nombre de la independencia económica, aunque el resultado fue una dependencia creciente de Rusia, China, Cuba e Irán que contradijo esa retórica. La corrupción y el vaciamiento de PDVSA erosionaron la capacidad real del Estado para ejercer soberanía, dejando un nacionalismo más discursivo que efectivo. La contradicción quedó sellada el 3 de enero de 2026, cuando comandos estadounidenses lo capturaron en suelo venezolano y lo llevaron ante un tribunal de Nueva York, el desenlace más lejano posible de la soberanía que proclamó durante casi trece años.