Ricardo Anaya

Anaya votó como diputado federal la reforma energética de 2013 y 2014 que abrió PEMEX y el sector eléctrico al capital privado, y cuando Emilio Lozoya lo acusó en 2020 de haber cobrado un soborno por ese voto respondió que había apoyado la apertura por convicción. Como coordinador panista ha hecho del T-MEC y de la certidumbre para la inversión su bandera económica: el 1 de julio de 2026, cuando Washington rechazó prorrogar el tratado 16 años y lo dejó vigente hasta 2036 con revisiones anuales, lo llamó una pésima noticia y repitió que el peor enemigo de la inversión productiva es la incertidumbre. Su liberalismo, sin embargo, no es doctrinario: en 2018 prometió un ingreso básico universal de mil quinientos pesos mensuales y lo recicló en 2022 sin actualizar la cifra ni explicar nunca con qué reforma fiscal se pagaría, un cálculo que incomodó a su propio partido y que los analistas presupuestales tacharon de impagable. Queda a la derecha del oficialismo morenista en materia de empresa privada, competencia y disciplina de gasto, pero muy lejos del ajuste radical que predican los libertarios del cono sur.

Anaya viene del ala católica del panismo queretano y en la campaña de 2018 sostuvo que estaba en contra de la interrupción legal del embarazo, con el matiz de que tampoco criminalizaría a las mujeres que abortan, una fórmula que le permitía sostener las dos cosas a la vez sin comprometerse con ninguna. En junio de ese año el Frente Nacional por la Familia presumió públicamente que contaba con su respaldo, mientras él evitaba confrontar los criterios de la Suprema Corte sobre matrimonio igualitario y se limitaba a decirse a favor de la libertad y en contra de cualquier discriminación. En el Senado ha priorizado seguridad, economía y contrapesos institucionales por encima de las agendas de costumbres, esquivando deliberadamente las guerras culturales que sí abrazan Kast o Abascal. Es conservador, pero de un conservadurismo administrado: acepta los derechos que ya ganaron los tribunales sin militar nunca por ampliarlos, y ese cálculo de conveniencia es exactamente lo que le reprochan tanto los colectivos feministas como la base más dura de su partido.

Su trabajo legislativo desde 2024 gira casi por completo alrededor de los contrapesos: votó contra la reforma judicial y contra el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena en septiembre de 2024, llamó turbio, un cochinero y una farsa al proceso de elección de jueces el 31 de marzo de 2025, y el 2 de marzo de 2026 anunció que el PAN no acompañaría ni un solo artículo de la reforma electoral porque, dijo, está diseñada para que Morena tenga más poder. En agosto de 2026 denunció además que los lineamientos de telecomunicaciones servirían para silenciar a periodistas y a la oposición con multas de hasta 1 por ciento de los ingresos de los medios. Dos matices incomodan ese perfil: aquellas reformas de 2024 pasaron igual porque el panista Miguel Ángel Yunes Márquez votó con Morena, y la reforma electoral que hoy combate eliminaría precisamente los escaños plurinominales por los que él llegó al Senado, de modo que defender la democracia también es defender su curul. El reproche más viejo se lo dejó Margarita Zavala, que le atribuyó rasgos de autoritarismo y lo acusó de haberse adueñado del PAN con traiciones: a Anaya le sale bastante más natural defender la división de poderes desde la oposición que haber tolerado la disidencia cuando era él quien controlaba la maquinaria.

Anaya es de los pocos políticos mexicanos que sigue defendiendo abiertamente la integración con Estados Unidos: en julio de 2026 lamentó que Washington rechazara prorrogar el T-MEC 16 años y recordó que 84 por ciento de las exportaciones mexicanas van al vecino del norte y que unos 15 millones de empleos dependen del tratado. Desde 2025 impulsa además un acuerdo bilateral de seguridad que institucionalice la cooperación contra el crimen organizado, línea que en agosto de 2026 lo llevó a exigir que México aplicara el tratado de extradición frente a las acusaciones estadounidenses contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en vez de blindarlo. El oficialismo lee esa agenda como una invitación al intervencionismo: en junio de 2026 Claudia Sheinbaum acusó a la oposición y a los empresarios que empujan un tratado contra el crimen de juntarse para afectar la relación con Estados Unidos. Anaya marca límites explícitos y repite que rechaza cualquier acción unilateral y cualquier violación a la soberanía, pero su globalismo es comercial y pragmático, no identitario, y choca de frente con el soberanismo que Morena convirtió en doctrina de Estado.