Yamandú Orsi

Su gobierno mantuvo el ancla macroeconómica que heredó, con regla fiscal, metas de inflación y grado inversor, y puso el Ministerio de Economía en manos de Gabriel Oddone, un economista más cercano a la consultoría privada que al aparato sindical. Ya en 2024 Orsi se había apartado de su propia base al rechazar el plebiscito de seguridad social impulsado por el PIT-CNT, que bajaba la edad jubilatoria y eliminaba las AFAP, y prometió en campaña que no habría suba general de impuestos. El presupuesto quinquenal aprobado a fines de 2025 confirmó esa línea: prioridad al plan contra la pobreza infantil y a la educación, sin reforma tributaria de fondo. Donde sí marcó diferencia fue en la preferencia por lo público en infraestructura, al reactivar la represa estatal de Casupá con un préstamo de 130 millones de dólares aprobado en octubre de 2025 y al frenar el proyecto privado de agua de Arazatí, aunque en diciembre de 2025 terminó firmando un acuerdo modificado en lugar de enterrarlo, una marcha atrás que sus propios votantes le señalaron. La factura la paga en casa: la propuesta de desindexar los salarios de la inflación pasada abrió un conflicto con la central sindical que lo ayudó a ganar, y la compra de patrulleras al astillero Cardama, rescindida en mayo de 2025 por presunción de fraude y de forma definitiva en febrero de 2026 por los atrasos de obra, dejó a la Armada sin los buques y al gobierno explicando un contrato de 92 millones de dólares.

Uruguay legalizó la eutanasia bajo su presidencia: la ley de muerte digna pasó por Diputados el 13 de agosto de 2025 y por el Senado el 15 de octubre, se promulgó como Ley 20.431 y el Ejecutivo firmó su decreto reglamentario el 15 de abril de 2026, algo que ningún otro país de América Latina había conseguido por vía parlamentaria. Su gobierno defiende además el bloque de leyes progresistas uruguayas que lo precede: aborto, matrimonio igualitario, identidad de género y regulación estatal del cannabis. Orsi, de origen rural y perfil deliberadamente sobrio, no conduce esas discusiones con épica, prefiere que las cargue el Parlamento y evita la guerra cultural, un cálculo que le sirve para retener votos del interior conservador. Esa misma prudencia irrita a los colectivos feministas y de la diversidad, que le reprochan haber convertido la agenda de derechos en un trámite legislativo sin presupuesto propio ni prioridad política, y que señalan la distancia entre la vitrina internacional que Uruguay exhibe y los recursos que efectivamente destina.

Orsi gobierna dentro de los carriles institucionales uruguayos: apoyó en 2022 el referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, incluidos los que ampliaban la discrecionalidad policial, no atacó a la prensa ni a la Justicia y anunció el 2 de febrero de 2025 que no se mudaría a la residencia presidencial, gesto de austeridad heredado de Mujica. La contracara es una política de seguridad más dura que la doctrina garantista tradicional del Frente Amplio, con mayor despliegue policial y medidas carcelarias que su propia coalición critica y con resultados magros frente a los homicidios. En materia de autoritarismos ajenos fue bastante menos firme de lo que sugiere su discurso democrático: el veto a invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a su asunción lo impuso el gobierno saliente de Lacalle Pou y no él, ya que su equipo había ofrecido convocar a todos los países con relaciones diplomáticas, y el Frente Amplio se negó a acompañar la declaración parlamentaria que calificó de golpe de Estado la asunción de Maduro en enero de 2025. La incomodidad también alcanza a su gabinete: el ministro del Interior, Carlos Negro, chocó contra una motocicleta el 22 de enero de 2026 conduciendo con la libreta vencida y conservó el cargo, un doble estándar difícil de sostener desde el ministerio encargado de hacer cumplir esa misma norma.

Orsi apostó a la integración regional como plataforma y no como frontera: asumió la presidencia pro tempore de la CELAC el 21 de marzo de 2026 y la del Mercosur el 1 de julio del mismo año, y respaldó el acuerdo Mercosur-Unión Europea cerrado en la cumbre de Montevideo de diciembre de 2024, tras un cuarto de siglo de negociación y todavía bajo la presidencia de Lacalle Pou. A diferencia de su antecesor, que buscó un tratado de libre comercio con China por fuera del bloque, prefiere abrir mercados desde adentro, sin romper con Brasil ni con Argentina y sin resignar a China como principal comprador. Del artiguismo del MPP conserva la defensa de las empresas públicas como patrimonio nacional, que blinda frente a cualquier privatización, y en esa clave frenó el proyecto privado de agua de Arazatí para reactivar la obra estatal de Casupá. El pragmatismo tiene precio dentro de casa: el ala del Frente Amplio que considera el acuerdo europeo un tratado hecho a medida del agronegocio no le perdona el respaldo, mientras que desde la vereda opuesta se le reprocha que su distancia con el eje bolivariano sea más gestual que política, dado que su fuerza evitó condenar en el Parlamento la asunción de Maduro.