José Antonio Kast

Kast llegó a La Moneda con un programa de reducción radical del Estado y empezó a ejecutarlo: su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el 9 de marzo de 2026 un recorte transversal del 3% en todos los ministerios para ahorrar unos 6.000 millones de dólares, y en abril presentó el Plan de Reconstrucción Nacional, que baja el impuesto corporativo del 27% al 23%, exime de IVA a la vivienda nueva y ofrece estabilidad tributaria de 25 años a los grandes proyectos de inversión. Su gobierno también retiró 43 decretos pendientes de la administración anterior, en su mayoría ambientales, para someterlos a una "revisión técnica", en línea con su admiración explícita por el modelo económico de la dictadura de Pinochet. El costo político fue inmediato: el cambio al mecanismo MEPCO el 23 de marzo de 2026, que estiró de dos a cuatro semanas el cálculo del precio de los combustibles, provocó el llamado "bencinazo", y la propuesta de terminar la gratuidad universitaria para mayores de 30 años debió retirarse por el rechazo público. Sus críticos señalan que el ajuste recae sobre hogares y estudiantes mientras las rebajas tributarias benefician a empresas y patrimonios altos, una asimetría difícil de conciliar con el discurso de austeridad compartida que usó en campaña.

José Antonio Kast se ubica firmemente en el conservadurismo social debido a su defensa explícita de valores tradicionales, como la oposición al aborto y al matrimonio igualitario, promoviendo leyes que refuercen la familia "tradicional". Su discurso y políticas han enfatizado un orden moral basado en el cristianismo y un rechazo a las demandas progresistas en materia de derechos civiles y diversidad sexual. Aunque ha intentado suavizar su imagen para atraer a sectores moderados, su historial muestra resistencia a reformas sociales liberales y una postura rígida frente a temas de género y educación sexual. Además, su partido ha sido criticado por discursos polarizantes y vínculos con sectores ultraconservadores, lo que refuerza su perfil socialmente conservador.

Ya como presidente, Kast convirtió su discurso de orden en aparato: el Plan Escudo Fronterizo, lanzado en marzo de 2026, levantó muros y vallas de cinco metros, zanjas, cercos electrificados, torres de vigilancia y radares térmicos en Colchane y Chacalluta, y creó una fuerza de tarea conjunta de unos 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros con facultades para detener, reconducir y expulsar de inmediato a migrantes irregulares dentro de una franja de exclusión de diez kilómetros. En La Araucanía impuso controles mixtos permanentes de Carabineros y el Ejército para "recuperar el control territorial del Estado", operación coronada el 19 de mayo de 2026 con la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul en Temucuicui. Su relación con la dictadura sigue siendo el punto más incómodo: apareció en la franja del "Sí" en el plebiscito de 1988 y llevó a su gabinete a dos exabogados defensores de Pinochet. El relato de probidad también tiene fisuras: el 24 de marzo de 2026 su gobierno publicó y borró horas después un video que declaraba al Estado "quebrado", episodio que derivó en una indagatoria de la Contraloría y en que su asesor Cristián Valenzuela asumiera la responsabilidad por la frase.

El nacionalismo de Kast dejó de ser propuesta y pasó a ser política de Estado en 2026: militarizó la frontera norte y, el 23 de abril, el Registro Civil dictaminó que los hijos de padres extranjeros en situación irregular no acceden automáticamente a la nacionalidad chilena por considerarlos "extranjeros transeúntes", una lectura restrictiva del ius soli cuestionada por organismos de derechos humanos. En política exterior alineó a Chile con Washington: siendo aún presidente electo asistió a la cumbre "Escudo de las Américas", la iniciativa antinarcóticos impulsada por Donald Trump, y ya en el gobierno retiró el respaldo chileno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Su soberanismo convive con contradicciones: en abril de 2026 respaldó el reclamo argentino sobre las Malvinas y sus "espacios marítimos circundantes", fórmula que abrió una polémica interna por su roce con los intereses chilenos en la plataforma continental y obligó a su canciller a precisar la posición sobre el estrecho de Magallanes. La defensa de lo nacional funciona así sobre todo en clave identitaria y migratoria, mucho más que como un giro proteccionista en lo económico.