Luis Lacalle Pou

Lacalle Pou gobernó desde la centroderecha promercado: regla fiscal para contener el gasto, apertura comercial y la Ley de Urgente Consideración de 2020, que ató el precio de los combustibles a la paridad de importación y recortó el margen de maniobra de las empresas públicas. Su reforma de fondo fue la previsional (ley 20.130, promulgada en mayo de 2023), que unificó los regímenes jubilatorios y elevó de forma gradual la edad de retiro hacia los 65 años, y que sobrevivió al plebiscito con que el PIT-CNT intentó revertirla en octubre de 2024. Aun así, no desarmó el estado de bienestar uruguayo: mantuvo el Fonasa, las AFAP y los consejos de salarios, y hasta amplió las transferencias sociales durante la pandemia. El costo lo pagaron los ingresos, con salarios y jubilaciones reales que recién hacia 2024 recuperaron el nivel prepandemia, y con una pobreza infantil que siguió alta pese a la recuperación macroeconómica y a una promesa de bajar impuestos que cumplió tarde y a medias.

Luis Lacalle Pou se ubica en una posición central con tendencia conservadora en el eje social debido a su defensa de valores tradicionales y su enfoque pragmático en temas como la seguridad y la educación, promoviendo reformas que buscan fortalecer el orden público y la disciplina escolar. Su gobierno impulsó leyes para endurecer penas y mejorar la presencia policial, lo que refleja una postura más conservadora en materia de seguridad ciudadana. A pesar de mantener un discurso moderado sobre derechos sociales, ha enfrentado críticas por no avanzar con mayor celeridad en políticas de igualdad de género y diversidad, mostrando cierta reticencia a cambios sociales profundos. La evolución de su posición ha sido gradual, manteniendo un equilibrio entre la apertura democrática y la preservación de ciertas normas tradicionales, aunque su gestión también se ha visto marcada por promesas incumplidas en áreas sociales clave.

Lacalle Pou impulsó la Ley de Urgente Consideración de 2020, que endureció la respuesta penal, amplió las facultades policiales y creó figuras como el agravio a la autoridad policial. Aun así, tramitó la reforma por vía parlamentaria y aceptó el referéndum de marzo de 2022 sobre 135 de sus artículos, que su bando ganó por un margen mínimo, sin cuestionar el resultado ni el mecanismo. Tampoco intentó forzar la reelección ni erosionar los contrapesos institucionales, y entregó la banda a Yamandú Orsi el 1 de marzo de 2025 sin fricción alguna, tras la derrota de su coalición en el balotaje. La mancha fue el caso Astesiano: su jefe de custodia presidencial fue detenido en 2022 y condenado por falsificar documentación e identidades para ciudadanos rusos desde el entorno inmediato de la Presidencia, un fallo de control interno que el gobierno minimizó antes de reconocer su gravedad.

Lacalle Pou empujó a Uruguay hacia la apertura antes que hacia el repliegue: reclamó flexibilizar el Mercosur para negociar por fuera del bloque, impulsó un tratado de libre comercio con China y presentó en diciembre de 2022 la solicitud de ingreso al CPTPP, chocando de frente con Argentina y Brasil. En política exterior abandonó la neutralidad regional y criticó de manera explícita a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la cumbre de la CELAC de 2021, sin adoptar por eso el nacionalismo identitario de otras derechas latinoamericanas. Su defensa de lo nacional fue de intereses más que de identidad: agro exportador, carne y control uruguayo sobre recursos estratégicos como el agua y el proyecto de hidrógeno verde. La contracara es que casi nada de esa agenda se concretó, porque el TLC con China quedó en la nada, el CPTPP no prosperó y el Mercosur siguió igual, de modo que el volumen del discurso superó con holgura a los resultados.