Álvaro Delgado

Delgado se hizo un nombre económico como fiscalizador del Estado empresario: desde el Senado impulsó entre 2015 y 2016 la comisión investigadora por la gestión de ANCAP y acompañó la denuncia penal contra la conducción de la petrolera estatal. Como secretario de Presidencia fue el articulador político de la Ley de Urgente Consideración de 2020, que instaló la regla fiscal y la paridad de importación en los combustibles, y defendió esos artículos hasta que sobrevivieron al referéndum del 27 de marzo de 2022 por 51,3% contra 48,7%. En 2024 hizo campaña a favor de la reforma jubilatoria que elevó la edad de retiro a los 65 años, militó contra el plebiscito previsional del PIT-CNT y anunció a Diego Labat, expresidente del Banco Central, como su eventual ministro de Economía, señal explícita de continuidad ortodoxa. La letra chica es menos lucida: la apertura comercial que su sector reivindica quedó en promesas, porque el tratado de libre comercio con China nunca se firmó y la solicitud de ingreso al CPTPP presentada en 2022 no prosperó, mientras el salario real recién recuperó los niveles prepandemia sobre el final del período. Es un liberal de mercado moderado, cómodo con el Estado de bienestar uruguayo, más gestor que doctrinario.

Delgado se formó en la tradición de un partido conservador, pero nunca hizo de la agenda moral su bandera. En la interna del 30 de junio de 2024 se impuso con el 74,4% frente a Laura Raffo y Jorge Gandini, mientras Carlos Iafigliola, el precandidato provida y antiaborto, apenas reunió unos cientos de votos, un retrato de lo marginal que resulta esa ala dentro del nacionalismo. Como gesto de apertura eligió compañera de fórmula a Valeria Ripoll, exdirigente sindical de ADEOM que había militado en el Partido Comunista, y ni él ni el gobierno que integró intentaron revertir el aborto legal de 2012, el matrimonio igualitario de 2013 ni el mercado regulado de cannabis. La incomodidad está en el cálculo: la jugada Ripoll fue leída incluso dentro de su partido como oportunismo electoral antes que como convicción, y al mismo tiempo selló el acuerdo programático de la Coalición Republicana con el Cabildo Abierto de Guido Manini Ríos, cuya agenda conservadora en familia y educación jamás confrontó en público. Queda como un conservador de baja intensidad, más apegado al orden heredado que a cualquier cruzada.

Su marca de gestión es la Ley de Urgente Consideración de 2020, un paquete de 476 artículos que él coordinó políticamente y que amplió la presunción de legítima defensa policial, endureció la resistencia al arresto y restringió los piquetes; fue una de las caras visibles de la defensa oficialista y los 135 artículos impugnados sobrevivieron al referéndum de marzo de 2022 por un margen estrecho. En octubre de 2024 respaldó el plebiscito de allanamientos nocturnos, rechazado en las urnas, y desde julio de 2025 conduce el Directorio blanco planteando una oposición firme centrada en la seguridad. Del otro lado, reconoció la derrota del balotaje la misma noche, felicitó a Orsi y negoció con el nuevo gobierno los cargos de contralor que corresponden a la oposición, un comportamiento institucional que lo separa del mano dura plebiscitario de buena parte de la región. El punto ciego está en su propia casa: Alejandro Astesiano entró a Torre Ejecutiva como jefe de la custodia presidencial con más de veinte indagatorias previas y en febrero de 2023 fue condenado a cuatro años y medio de prisión por una red que fraguaba partidas de nacimiento para tramitar pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos, un control de antecedentes que la secretaría a su cargo nunca hizo. Frente a ese escándalo y al del pasaporte que Marset obtuvo desde una cárcel de Dubái, eligió blindar al gobierno antes que abrir los archivos.

El Partido Nacional se reivindica soberanista y de raíz rural, y Delgado, veterinario ligado al mundo agropecuario, encarna bien esa identidad, pero su programa comercial fue de apertura: continuidad del intento de tratado de libre comercio con China, la solicitud de ingreso al CPTPP presentada en 2022 y la flexibilización del Mercosur que el gobierno de Lacalle Pou empujó desde adentro, con la consiguiente fricción con Argentina y Brasil. En su discurso no hay agenda antiinmigrante ni retórica de fronteras cerradas, algo poco frecuente en la derecha latinoamericana actual, y su identidad nacional pasa más por la tradición blanca y el campo que por la confrontación con el exterior. La contradicción está en las alianzas: para sostener la Coalición Republicana y llegar al balotaje de noviembre de 2024 firmó el acuerdo programático con el Cabildo Abierto de Guido Manini Ríos, cuyo nacionalismo militarista y cuya reivindicación de los militares procesados por crímenes de la dictadura nunca confrontó en público. La otra incomodidad es la selectividad: firme para denunciar los autoritarismos de Venezuela y Nicaragua, mucho más prudente cuando el señalamiento incomodaba a socios de su propia coalición. Es un nacionalista tibio, más pragmático comercial que doctrinario.