Patricia Bullrich

Patricia Bullrich se ubica en la derecha económica por su apoyo sostenido a programas de ajuste fiscal, reducción del gasto público y reformas promercado, primero como aliada central del gobierno de Mauricio Macri y luego como defensora del plan de shock de Javier Milei. Durante su paso por la gestión macrista respaldó el acuerdo con el FMI de 2018, la baja de subsidios y la orientación favorable a la inversión privada, aunque ese ciclo terminó con recesión, inflación alta y aumento de la pobreza, lo que erosionó el discurso de eficiencia que decía representar. En su propia campaña presidencial de 2023 propuso recortes del Estado, apertura económica, flexibilización laboral y orden fiscal, endureciendo posiciones que en los años noventa ya la habían acercado al menemismo y alejándola de su paso juvenil por corrientes más estatistas. Su perfil también carga con una contradicción persistente: exige disciplina presupuestaria y modernización del Estado, pero desde cargos ejecutivos priorizó expansiones fuertes del aparato de seguridad, mostrando una derecha económica clásica en lo fiscal y empresarial, aunque selectivamente intervencionista cuando se trata de control y coerción estatal.

Patricia Bullrich se ubica hacia el polo conservador en el eje social por haber hecho del orden público, el endurecimiento penal y la expansión de facultades policiales el centro de su perfil, desde el protocolo para fuerzas federales de 2018 hasta su defensa pública de agentes involucrados en casos de gatillo fácil como Luis Chocobar. Como ministra impulsó una visión punitivista frente a la protesta, la delincuencia y el conflicto social, con retórica de autoridad y escasa preocupación por los abusos estatales, algo que se profundizó con su respaldo a controles más duros en calles, fronteras y cárceles. Aunque en su juventud militó en espacios muy distintos y con los años moderó o reconfiguró varias posiciones, su trayectoria reciente la muestra más cercana a agendas de seguridad conservadoras que a enfoques progresistas de derechos civiles. Esa ubicación también queda marcada por contradicciones y costos institucionales, porque varias de sus políticas fueron cuestionadas por organismos de derechos humanos, por uso excesivo de la fuerza y por priorizar gestos de mano dura por encima de soluciones sociales de fondo.

Patricia Bullrich se ubica en un autoritarismo fuerte por su defensa sistemática de la ampliación del poder coercitivo del Estado, visible en el protocolo de uso de armas de fuego para fuerzas federales durante el gobierno de Mauricio Macri, en el endurecimiento de los protocolos antipiquetes y en su respaldo político a intervenciones policiales cuestionadas como los casos de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y, más tarde, su reivindicación pública del accionar represivo frente a protestas. Ya como ministra en 2023-2025 impulsó otra vez reglas más duras para limitar cortes y movilizaciones, priorizando el orden público sobre garantías de protesta y tolerando márgenes amplios de discrecionalidad policial, una constante en su discurso de mano dura frente al delito, la conflictividad social y la seguridad fronteriza. Aunque en los años setenta pasó por espacios de izquierda, su evolución posterior fue hacia un perfil crecientemente punitivista, con una narrativa que suele presentar controles, vigilancia y facultades extraordinarias como respuestas preferentes. Esa inclinación quedó además atravesada por contradicciones y cuestionamientos, porque su promesa de firmeza convivió con resultados discutibles en seguridad, acusaciones de abuso de poder y una tendencia a justificar de antemano a las fuerzas aun cuando sus procedimientos quedaban bajo sospecha.

Bullrich construyó su perfil sobre la soberanía puertas adentro: persiguió a la Resistencia Ancestral Mapuche como amenaza separatista en la Patagonia, endureció los controles migratorios y la expulsión de extranjeros con causas penales, y presentó al narcotráfico como una invasión a repeler, con el despliegue federal del Plan Bandera en Rosario como emblema. En política exterior, en cambio, es alineada y aperturista: sostiene el eje con Estados Unidos e Israel, firmó el 28 de julio de 2025 en la Casa Rosada un acuerdo bilateral de seguridad con la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem, defiende el libre comercio y la flexibilización del Mercosur y descarta cualquier tentación autárquica. Su nacionalismo es de bandera, fuerzas de seguridad y orden interno, no de proteccionismo económico ni de repliegue frente al mundo. Esa distinción explica por qué comparte con Milei el rechazo al multilateralismo progresista sin acompañar los reflejos antiglobalistas y anticomercio de buena parte de la derecha europea, y también por qué el discurso soberanista se le vuelve incómodo cuando la agenda pasa por la dependencia financiera externa.