Pedro Castillo

Pedro Castillo llegó al poder con un programa de fuerte intervención estatal, proponiendo una nueva Constitución, mayor control sobre los recursos naturales y una ampliación del rol del Estado en la economía, en línea con su origen sindical y rural. Su discurso prometía subir impuestos a las mineras, renegociar contratos y priorizar gasto social, medidas típicas de una izquierda que busca redistribuir riqueza y frenar el peso del mercado. En el gobierno, esa orientación convivió con una marcada inestabilidad, gabinetes débiles y acusaciones de corrupción que bloquearon la implementación de muchas de sus promesas económicas. Aun así, su perfil siguió ubicado a la izquierda porque defendió una agenda de nacionalización, regulación fuerte y expansión del gasto público, aunque sin la capacidad política para convertirla en reformas duraderas.

Pedro Castillo se ubicó en una posición social conservadora porque construyó su carrera con un discurso ligado al mundo rural, la familia tradicional y valores morales cercanos al evangelicalismo, además de mostrar distancia frente a la agenda de derechos LGBTI y a la ampliación de políticas de género. Durante su gobierno evitó impulsar reformas sociales progresistas de peso y, en varios momentos, privilegió alianzas con sectores religiosos y conservadores para sostenerse políticamente, aunque eso chocó con el apoyo sindical y popular que había reunido en campaña. Su administración quedó más marcada por la inestabilidad, los nombramientos cuestionados y los intentos de blindaje personal frente a investigaciones, que por una agenda de modernización social. Aun así, su conservadurismo fue más moderado que doctrinario, porque su prioridad real fue la supervivencia política antes que una cruzada ideológica coherente.

Pedro Castillo se ubica del lado autoritario porque, ya en el poder, gobernó con un estilo de choque institucional que incluyó intentos reiterados de concentrar poder, nombramientos erráticos y choques permanentes con el Congreso, la prensa y las élites estatales. Su decisión de anunciar la disolución del Congreso en diciembre de 2022, seguida de la instalación de un gobierno de excepción, mostró de forma extrema su disposición a quebrar el orden constitucional cuando perdió apoyo político, y terminó en su destitución y su arresto el mismo día. El 27 de noviembre de 2025 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema lo condenó a once años, cinco meses y quince días de prisión por conspiración para la rebelión, absolviéndolo de abuso de autoridad y de grave alteración de la tranquilidad pública, muy por debajo de los treinta y cuatro años que pedía la fiscalía. El caso conserva zonas grises: el fallo fue dividido, con un juez que votó por calificar los hechos como tentativa de rebelión, y en junio de 2026 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU consideró arbitraria su reclusión en el penal de Barbadillo, un dictamen no vinculante que el Estado peruano rechazó. Antes de todo eso su administración ya acumulaba alta rotación ministerial, denuncias de corrupción en su entorno y una gestión improvisada que debilitó al Estado, de modo que su discurso de cambio social y defensa popular terminó conviviendo con rasgos de caudillismo, intolerancia al control institucional y uso instrumental del poder.

Pedro Castillo se ubicó cerca del nacionalismo porque hizo campaña con un discurso de defensa de la soberanía económica, la renegociación de contratos con sectores estratégicos y la revisión del rol de las transnacionales, especialmente en minería y gas. Su gobierno promovió un relato de mayor intervención estatal y de reivindicación de las regiones rurales frente a Lima, aunque tuvo escasa capacidad para convertir esa agenda en políticas consistentes y terminó atrapado por una gestión caótica, cambios constantes de gabinete y una fuerte improvisación. También mantuvo una relación ambigua con el nacionalismo institucional, al intentar capitalizar símbolos patrióticos mientras su administración quedó asociada a acusaciones de corrupción, redes de influencias y al uso clientelar del poder. Por eso aparece como un nacionalista moderado, más por su retórica de soberanía y redistribución territorial que por una construcción estatal sólida o una agenda nacionalista coherente.