Andrés Manuel López Obrador

Como presidente entre 2018 y 2024, López Obrador reorientó la economía hacia el gasto social directo: universalizó la pensión para adultos mayores, creó Jóvenes Construyendo el Futuro y más que duplicó el salario mínimo real, financiándolo con austeridad presupuestal y no con una reforma fiscal. Al mismo tiempo devolvió al Estado el mando en sectores estratégicos, con la cancelación del aeropuerto de Texcoco en 2018 tras una consulta de participación mínima, el rescate presupuestal de Pemex y la CFE, y megaobras como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, cuyos sobrecostos superaron con amplitud lo prometido. Su ortodoxia macroeconómica sorprendió a los mercados, porque sostuvo disciplina cambiaria y evitó endeudarse durante la pandemia, aunque al costo de negar apoyos a empresas y de un crecimiento promedio pobre. El discurso anticorrupción convivió con escándalos propios, entre ellos el desfalco de Segalmex y la opacidad de los proyectos entregados al Ejército, y en febrero de 2026 la Auditoría Superior de la Federación reportó más de 65 mil millones de pesos sin aclarar en su último año de gobierno. El saldo es una economía más redistributiva en el ingreso de los hogares pobres, con la inversión privada y los servicios públicos, sobre todo la salud, notablemente debilitados.

En el eje social, López Obrador combinó la expansión de derechos materiales con un conservadurismo cultural explícito: amplió pensiones y becas, pero se declaró ajeno a las llamadas causas identitarias y eludió el debate del aborto, que llegó a la despenalización nacional en 2023 por la vía de la Suprema Corte y no por iniciativa suya. Se apoyó con frecuencia en un lenguaje moral y familiar, con su Cartilla Moral y la apelación constante a la familia mexicana como base del orden social, y evitó comprometerse con la agenda feminista y LGBT más allá de gestos discursivos. Ese pragmatismo tuvo un costo: descalificó como conservadoras o manipuladas a las movilizaciones feministas, minimizó la crisis de feminicidios y mandó levantar bardas metálicas frente a Palacio Nacional en las marchas del 8 de marzo. Tampoco resolvió la crisis de personas desaparecidas y en 2024 impulsó un recuento cuestionado que, según organizaciones de víctimas, buscaba reducir la cifra oficial. El resultado es un perfil que reparte dinero como la izquierda y habla de valores como la derecha, sin cerrar las brechas de género y violencia que prometió atender.

La marca autoritaria de López Obrador está en la concentración de decisiones y en la militarización: creó la Guardia Nacional en 2019, en 2022 la puso bajo mando de la Sedena y entregó a las fuerzas armadas aduanas, puertos, aeropuertos y la construcción y operación del Tren Maya y del Aeropuerto Felipe Ángeles. Debilitó de forma sistemática los contrapesos, con recortes y ataques al INE, al INAI y al Poder Judicial, y cerró su sexenio con la reforma constitucional de septiembre de 2024 que sometió a elección popular a jueces y ministros, aprobada a marchas forzadas y estrenada en los comicios judiciales de junio de 2025. Sus consultas populares, la de Texcoco en 2018 y la de revocación de mandato en 2022, sirvieron menos para deliberar que para legitimar decisiones ya tomadas, con participación baja y organización irregular. En la mañanera convirtió el señalamiento a periodistas en rutina, con secciones como Quién es quién en las mentiras, mientras México siguió siendo uno de los países más letales para la prensa. Nunca suspendió elecciones ni encarceló opositores, pero dejó un presidencialismo con menos frenos institucionales de los que encontró.

El nacionalismo de López Obrador fue económico y simbólico a la vez: reservó el mercado eléctrico para la CFE, acordó en 2021 la compra de la refinería de Deer Park y construyó Dos Bocas para dejar de exportar crudo y refinar en casa, y presentó en 2024 la iniciativa para revertir la reforma energética de 2013. Su política exterior fue de puertas adentro, porque casi no viajó, faltó a la Cumbre de las Américas de 2022 por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y exigió en 2019 al rey de España una disculpa por la Conquista, un gesto que tensó la relación bilateral durante años. Ese soberanismo convivió con un pragmatismo notable frente a Washington, porque firmó y sostuvo el T-MEC y aceptó contener la migración centroamericana con la Guardia Nacional en ambas fronteras, justo lo que había criticado a sus antecesores. La retórica de defensa nacional también le sirvió para blindarse de la crítica externa, al calificar de injerencistas los informes sobre derechos humanos y las investigaciones sobre el dinero del narco en su campaña de 2006. Ya como expresidente mantuvo la línea, y en junio de 2026 publicó una carta contra lo que describió como prácticas intervencionistas estadounidenses hacia el gobierno de Sheinbaum.