Roberto Sánchez Palomino

Su programa de 2026 giró en torno a una asamblea constituyente que reemplazara el capítulo económico de la Constitución de 1993, recuperara la renta del gas y la minería para el Estado y renegociara los contratos con las transnacionales, la agenda clásica de la izquierda estatista peruana. Preside Juntos por el Perú desde octubre de 2017, un partido que se define como socialista democrático y sostiene que el modelo neoliberal explica buena parte de la pobreza y la desigualdad del país. El contraste está en su propia gestión: entre julio de 2021 y diciembre de 2022 dirigió el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la cartera que administra los tratados de libre comercio y promueve la agroexportación, y acompañó la apuesta por el puerto de Chancay, levantado con capital chino. Más incómodo todavía es que fue coautor de la Ley 31989, una de las llamadas normas pro crimen, que frenó la acción policial contra mineros con REINFO suspendido que emplean explosivos: resulta difícil reclamar soberanía sobre los minerales mientras se legisla a favor de la minería informal. A eso se suman las denuncias por el presunto cobro de diezmos a personal de su entorno ministerial, con sueldos superiores a 15.000 soles y órdenes de servicio que llegaron a 130.000, un pasivo serio para quien hizo campaña como defensor del trabajador.

Juntos por el Perú es, en el papel, uno de los partidos más progresistas con representación parlamentaria: su ideario defiende el socialismo democrático, la igualdad de género, el multiculturalismo y la sostenibilidad ambiental, y Sánchez lo preside desde octubre de 2017. Su campaña de 2026, sin embargo, se ordenó alrededor de la asamblea constituyente y la agenda económica, sin convertir el aborto ni el matrimonio igualitario en banderas visibles. La coalición Juntos con el Pueblo terminó de diluir ese perfil: lo alió con el castillismo de Todo con el Pueblo y con el etnocacerismo de A.N.T.A.U.R.O., dos corrientes abiertamente conservadoras en materia de familia y costumbres, pensadas para retener el voto andino y evangélico que Castillo movilizó en 2021. El resultado es un progresismo más declarativo que legislativo, que durante sus cinco años de congresista (2021-2026) dejó pocas iniciativas propias en esa materia y cedió de forma sistemática ante la aritmética electoral.

El 7 de diciembre de 2022 integraba el gabinete de Pedro Castillo cuando este anunció el cierre del Congreso: la fiscalía sostiene que llamó a periodistas de Exitosa y RPP para que difundieran el mensaje del golpe, y su defensa fue que no conocía a esos periodistas y que las llamadas se timbraron solas, antes de renunciar ese mismo día. En 2026 sumó a su coalición a Antauro Humala, condenado por el levantamiento armado de Andahuaylas de 2005, y colocó como eje de campaña una asamblea constituyente de vocación refundacional. Tras el balotaje no reconoció la derrota: denunció fraude en el voto del extranjero y pidió anular esas actas, exactamente el libreto que Keiko Fujimori había usado contra Castillo en 2021, cuando él formaba parte del gobierno beneficiado por aquel resultado. En su descargo, compitió por la vía electoral hasta el final, no hizo campaña con propuestas de mano dura y denunció la represión de las protestas de 2022 y 2023, lo que lo distancia del autoritarismo explícito de otros actores peruanos.

Su nacionalismo es sobre todo económico: soberanía sobre el gas de Camisea y los minerales, revisión de los contratos con las transnacionales e industria nacional protegida, el eje que le permitió pactar en 2026 con el castillismo y con el etnocacerismo de A.N.T.A.U.R.O. Esa alianza con el movimiento de Antauro Humala, de reivindicación andina explícita y desconfianza abierta hacia el capital extranjero, es el componente identitario más fuerte de su perfil. Su práctica lo modera bastante: como ministro dirigió la cartera que administra los tratados de libre comercio, acompañó el puerto de Chancay financiado por China y en octubre de 2025 viajó a México para gestionar el asilo de Betssy Chávez, un gesto de solidaridad regional más propio de la izquierda internacionalista que de un soberanista puro. La tensión entre la retórica de la segunda nacionalización y una gestión aperturista nunca se resolvió, y su firma en la ley que blindó a la minería informal debilitó todavía más el argumento de que los recursos debían volver al Estado.