Andrés Ojeda

Su programa de 2024 giró en torno a la desregulación y la rebaja de aportes para pequeñas y medianas empresas, y llegó a proponer la privatización de los servicios de alimentación, lavandería e infraestructura en todas las cárceles. En abril de 2026 defendió el pilar privado de las AFAP frente a los cambios acordados entre el gobierno y el PIT-CNT, que calificó de estafa y de bananeros, y acusó a la central sindical de dispararle al gobierno un rayo kirchnerizador; en julio de 2025 ya había rechazado la marcha atrás con Arazatí, la obra de agua potable bajo participación público-privada, advirtiendo que si volvía la sequía la zona metropolitana se quedaría sin agua. Su otra bandera es la apertura comercial: sostiene que lo máximo a aspirar es un tratado de libre comercio con Estados Unidos y en mayo de 2026 presionó por carta a Orsi para que se reuniera con Trump cuanto antes. Acepta con comodidad la comparación con Milei, que cultivó durante la campaña de 2024, pero nunca propuso nada parecido a un ajuste con motosierra y reivindica el rol del Estado y la herencia batllista, una ambigüedad que sus críticos leen como marketing electoral antes que como doctrina económica. A eso se suma un registro de campaña deliberadamente alarmista, como cuando en agosto de 2024 pronosticó un IVA por encima del 40% si prosperaba el plebiscito del PIT-CNT, poco compatible con la seriedad técnica que reclama para sí.

En agosto de 2025 comprometió los votos colorados a favor de la ley de eutanasia, finalmente aprobada ese año, y la definió como un proyecto de raigambre netamente batllista, alineándose con la tradición laica y liberal de su partido antes que con el conservadurismo religioso que domina buena parte de la derecha regional. Coautor de una reforma a cinco artículos de la ley de violencia de género de 2017 y promotor de iniciativas de bienestar animal, no registra posiciones públicas contra el aborto legal, el matrimonio igualitario ni la regulación del cannabis, consensos ya asentados en Uruguay que ninguna fuerza mayoritaria discute. Su costado conservador aparece menos en lo moral que en lo punitivo, con un discurso de orden y respeto a la autoridad calibrado para la televisión, el medio en el que se hizo conocido antes de ser legislador. La crítica más repetida es que el bienestar animal ocupó en su campaña un espacio desproporcionado frente a la pobreza infantil o la vivienda, algo que sus adversarios aprovecharon para retratarlo como un candidato de agenda liviana y de cámara.

Ligado desde temprano a la corporación policial, cuya defensa ejerció en casos de alto perfil como el del subdirector de la Policía en la causa Astesiano en 2022, militó abiertamente por el plebiscito de allanamientos nocturnos de octubre de 2024, que los uruguayos terminaron rechazando en las urnas. Ya como senador endureció el discurso: en junio de 2026 propuso policializar los barrios más castigados con presencia permanente de la Guardia Republicana y reclamó que los militares participaran del patrullaje interno, y elogió más de una vez los resultados de Bukele, con la frase de que Bukele le ganó al no se puede. Ese impulso convive con una biografía profesional construida sobre las garantías del proceso penal, incluida la defensa del exguerrillero Héctor Amodio Pérez, y con un método opositor estrictamente institucional: interpelaciones, pedidos de informes, citaciones a ministros y hasta un gabinete paralelo anunciado en junio de 2026, sin denuncias de fraude ni ataques al árbitro electoral. El flanco más incómodo es su doble condición de legislador y abogado en ejercicio: denunciado en noviembre de 2025 por gestionar ante la Fiscalía siendo senador, un informe jurídico del Parlamento concluyó en diciembre de ese año que no había violado la Constitución, pero el Frente Amplio reactivó la denuncia en marzo de 2026. En julio de 2026 la Junta de Transparencia y Ética Pública resolvió no archivar el caso pese a que su propia asesoría letrada lo recomendaba, de modo que la investigación sigue abierta sobre quien se presentó como la cara de la renovación institucional.

Descartó de plano cualquier salida del Mercosur en octubre de 2024, diciendo que no sería serio ni responsable, pero empuja con fuerza la apertura comercial y sostiene que la meta máxima del país es un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Su alineamiento con el bloque occidental es explícito: impulsó en setiembre de 2025 un proyecto para crear un registro de organizaciones terroristas encabezado por Hamás y Hezbolá, iniciativa que la embajada estadounidense respaldó públicamente en febrero de 2026, y en julio de 2026 pidió citar al canciller Mario Lubetkin al Parlamento acusándolo de defender a un grupo terrorista tras los dichos de Marco Rubio. En mayo de 2026 envió cartas a Orsi para que se reuniera con Trump cuanto antes, y desde 2024 reclama firmeza frente al régimen de Maduro, cuyo fraude denunció junto a Delgado y Mieres y sobre el cual acusa al gobierno frenteamplista de hacer malabares con la incomodidad. Su nacionalismo es de bandera y no de frontera: retórica patriótica colorada, cero proteccionismo y ninguna agenda antiinmigración, lo que lo separa nítidamente de la derecha nacionalista de Cabildo Abierto. La contracara es una tendencia a importar el conflicto ajeno con fines domésticos, visible en la advertencia de campaña de noviembre de 2024 de que un triunfo del Frente Amplio llevaría a Uruguay directo a Venezuela, y una prisa por alinearse con Washington que sus críticos leen como subordinación antes que como pragmatismo.