Delcy Rodríguez

Su trayectoria económica es la de una funcionaria chavista que fue abandonando en silencio el modelo que administraba. Como ministra de Economía y Finanzas entre 2020 y 2024 convivió con la dolarización de facto y con el desmontaje de los controles de precios y de cambio, justo el recetario que el chavismo había denunciado durante dos décadas, y bajo su gestión estalló en 2023 el desfalco de PDVSA-Cripto, con miles de millones de dólares en ventas de crudo sin registrar y sin más rendición de cuentas que la caída de Tareck El Aissami. Ya como presidenta encargada firmó el 29 de enero de 2026 la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que acabó con el monopolio de PDVSA y abrió la operación de crudo al capital privado y extranjero, y desmontó o reestructuró al menos siete misiones sociales creadas por Chávez y Maduro. El giro es real, pero llega sin ninguna rendición de cuentas por la economía rentista e hiperinflacionaria que ella ayudó a conducir, y el ajuste lo pagan sobre todo los hogares que dependían de esas misiones. No es una liberal convertida sino una dirigente del PSUV con un Estado grande y opaco a su cargo: la apertura ha funcionado como instrumento de supervivencia política, negociado antes con Washington que con los venezolanos.

El chavismo en el que se formó combinó una retórica de igualdad de género e inclusión popular con una práctica legislativa netamente conservadora, y Rodríguez nunca se apartó de ese punto medio. Es la primera mujer que ejerce la presidencia en Venezuela y llegó a los cargos más altos de un partido que presume de paridad, pero durante sus años en el poder el aborto siguió penalizado y el matrimonio igualitario jamás avanzó, ni siquiera cuando la Asamblea Nacional Constituyente que ella presidió en 2017 tenía poderes plenarios para reescribir la Constitución. No se le conocen declaraciones de peso sobre aborto, derechos LGBT o educación sexual, y esa ausencia dice bastante: su capital político nunca se jugó ahí. Su plan de salud de enero de 2026 y la rehabilitación de escuelas anunciada en abril se presentaron como gestión y reconstrucción, no como agenda de derechos. Su lugar en este eje refleja, por tanto, el consenso de su entorno político más que un ideario propio y explícito.

Delcy Rodríguez se ubica en el polo autoritario por su papel central en el aparato de poder chavista: como presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 impulsó un órgano creado para desplazar a la Asamblea elegida en 2015, concentrar funciones y neutralizar a la oposición, y como vicepresidenta defendió inhabilitaciones, detenciones y restricciones contra adversarios y medios críticos. También respaldó la línea oficial de control político sobre instituciones, elecciones y protesta social, incluso durante ciclos de represión documentados por organismos internacionales, mientras el gobierno combinaba estados de excepción de hecho, opacidad administrativa y uso partidista de la justicia. Su discurso suele presentarse como defensa de la soberanía frente a sanciones y presiones externas, pero en la práctica ha justificado cierres autoritarios internos y la erosión de contrapesos democráticos. A eso se suma la contradicción de una dirigencia que denuncia injerencias mientras administra un sistema marcado por corrupción, privilegios y escasa rendición de cuentas, rasgos que refuerzan su ubicación como autoritaria fuerte.

Como canciller entre 2014 y 2017 fue la voz más dura del antiimperialismo bolivariano en la OEA y la ONU, denunciando la injerencia estadounidense y defendiendo el eje con Cuba, Rusia y China. Esa doctrina se evaporó en semanas: tras asumir se reunió el 16 de enero de 2026 con el director de la CIA para hablar de cooperación de inteligencia, negoció ventas de crudo a Estados Unidos, restableció relaciones el 5 de marzo y aceptó el reconocimiento de la misma Casa Blanca que había ordenado la operación militar contra Maduro. El giro alcanzó incluso el gesto más identitario del chavismo: el 11 de agosto de 2026 Venezuela restableció vínculos consulares con Israel, el país con el que Chávez había roto relaciones en 2009. La soberanía que invocaba sobrevive sobre todo como envoltorio, porque el retiro de la Corte Penal Internacional en julio de 2026 se justificó por el sesgo geográfico del tribunal contra el Sur Global, aunque coincidía con la campaña de Washington para desactivarlo y con la causa abierta contra su propio gobierno. Queda así un nacionalismo de forma, con símbolos y liturgia bolivarianos intactos, sobre una práctica de alineamiento con la potencia que hasta ayer era el enemigo declarado, y sin que nadie se lo haya explicado a su base militante.