Dina Boluarte

Boluarte enterró el programa estatista de Perú Libre con el que llegó a la vicepresidencia y entregó el manejo económico a tecnócratas ortodoxos, respetando la independencia del Banco Central de Reserva y el modelo abierto heredado de los noventa. Su gestión se limitó a paquetes de reactivación como Con Punche Perú (2023), al alza de la remuneración mínima a 1.130 soles anunciada en diciembre de 2024 y a una relación cómoda con la gran minería, sin nacionalizaciones ni reformas estructurales. La contracara fue la indisciplina fiscal: incumplió sus propias metas de déficit en 2023 y 2024, sostuvo a Petroperú con sucesivos rescates públicos en vez de reestructurarla y convivió sin resistencia con el gasto que le imponía el Congreso que la mantenía en el cargo. También avaló las prórrogas del REINFO, el registro que blinda a la minería informal e ilegal, mientras su propio gobierno declaraba el estado de emergencia y suspendía la actividad minera en Pataz (2024) tras el asesinato de trabajadores, una contradicción que se explica por el respaldo político de esos intereses. Y la austeridad nunca fue para ella: en febrero de 2025 se subió el sueldo presidencial a más de 35.000 soles, con la aprobación en mínimos históricos y los relojes sin declarar todavía bajo investigación fiscal.

El caso más claro de su alineamiento social fue el Decreto Supremo 009-2024-SA, de mayo de 2024, que incluyó las identidades trans en el listado oficial de trastornos de salud mental y que el Ejecutivo solo corrigió tras la protesta nacional e internacional. En casi tres años no impulsó despenalización del aborto, matrimonio igualitario ni ley de identidad de género, y se apoyó en el bloque conservador del Congreso, el mismo que le garantizaba los votos para sobrevivir a cada moción de vacancia. Conviene recordar que Perú Libre, el partido que la llevó al poder, ya combinaba discurso de izquierda económica con conservadurismo moral, así que el giro fue menos brusco de lo que pareció desde Lima. La hipocresía está en el uso del símbolo: invocó una y otra vez su condición de primera mujer presidenta y de provinciana andina, mientras su gobierno no aprobó nada sustantivo para las mujeres ni para las comunidades andinas que pusieron la mayoría de los muertos en las protestas. Su conservadurismo es de alianza y conveniencia, no la cruzada doctrinaria de figuras como López Aliaga.

Su gobierno se definió por la respuesta a las protestas: declaró el estado de emergencia el 14 de diciembre de 2022, sacó a las Fuerzas Armadas a las calles y dejó diez civiles muertos en Ayacucho el 15 de ese mes y dieciocho en Juliaca el 9 de enero de 2023, dentro de un saldo cercano al medio centenar de manifestantes abatidos por las fuerzas de seguridad. La Fiscalía la investiga desde enero de 2023 por presunto genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, y la CIDH y la ONU calificaron el uso de la fuerza de desproporcionado, pero ella nunca pidió perdón, recurrió al terruqueo para presentar a los manifestantes andinos como terroristas y ningún mando terminó condenado. En paralelo, su alianza con el Congreso produjo la ley de amnistía de agosto de 2025 para militares, policías y comités de autodefensa procesados por el conflicto armado interno de 1980 a 2000, la reforma de marzo de 2025 que impide a las ONG financiar acciones legales contra el Estado, recortes a las facultades de la Fiscalía, ataques a la Junta Nacional de Justicia y amenazas con salir del sistema interamericano. Usó además el aparato estatal en beneficio propio y de sus socios: el caso cofre, por el presunto traslado del prófugo Vladimir Cerrón en un vehículo oficial, y la cirugía estética de junio de 2023 que ocultó al Congreso mientras despachaba por videoconferencia. Es mano dura combinada con impunidad institucional, aunque sin el autogolpe ni el aparato clandestino del fujimorismo de los noventa.

Su soberanismo apareció sobre todo como escudo: rechazó los informes de la CIDH, la ONU y Amnistía Internacional sobre las muertes en las protestas, amenazó con retirar al Perú del sistema interamericano de derechos humanos y degradó o rompió relaciones con México, Colombia y Bolivia cuando esos gobiernos cuestionaron su legitimidad. También endureció la política migratoria y militarizó las fronteras ante la crisis de migrantes de 2025, con estados de emergencia y despliegue de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo mantuvo la economía abierta, organizó la cumbre APEC de Lima en 2024 e inauguró en noviembre de ese año el megapuerto de Chancay junto a Xi Jinping, entregando la operación de una infraestructura estratégica a la estatal china Cosco Shipping. La contradicción es evidente: soberanía frente a los organismos que documentaban a sus muertos y puertas abiertas al capital extranjero, un nacionalismo moderado y de circunstancia que funcionó más como defensa personal que como doctrina.