José Jerí

Presidió la Comisión de Presupuesto del Congreso en el año legislativo 2023-2024 y acompañó a la mayoría promercado que defendió la estabilidad macroeconómica, la inversión privada y el marco tributario heredado. Ya en Palacio inició la reorganización de Petroperú, la petrolera estatal convertida en un agujero fiscal recurrente, con un recorte de más de 950 puestos, y respaldó el Decreto Legislativo 1695, que endureció las penas contra la minería ilegal. Es un perfil de derecha pragmática más que doctrinaria: en sus ciento treinta días de gobierno nunca articuló un programa económico propio y volcó la agenda pública sobre la seguridad. La sombra que pesa sobre ese historial es la de su propio patrimonio, que pasó de dos vehículos declarados por unos 97 mil soles en 2021 a propiedades por más de un millón en 2024, lo que motivó una investigación por enriquecimiento ilícito. A ello se suma la denuncia de un empresario que afirma haberle entregado 150 mil soles en noviembre de 2023, justo cuando presidía la comisión que reparte el presupuesto, para favorecer un proyecto de irrigación.

Jerí votó con el bloque conservador que dominó el Congreso desde 2021, alineado con Fuerza Popular y Renovación Popular, y en 2026 anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Su conservadurismo es más de coalición que de convicción religiosa: nunca cultivó el discurso confesional de un López Aliaga ni presentó una agenda moral propia durante su breve paso por Palacio. Lo que sí quedó documentado es un historial personal que desmiente cualquier pretensión de autoridad moral: una denuncia por violación derivada de una reunión de fin de año en diciembre de 2024, archivada en agosto de 2025 porque el perfil genético hallado no coincidía con el suyo, y una terapia psicológica dispuesta por el juzgado en enero de 2025 que no acató, alegando por medio de su abogado que el tribunal carecía de competencia. La contratación irregular de mujeres jóvenes y sin experiencia en el entorno presidencial, uno de los detonantes de su censura, terminó de dinamitar su credibilidad en este terreno.

La mano dura fue el eje de su gobierno: el 21 de octubre de 2025 decretó por treinta días el estado de emergencia en Lima y Callao, con patrullaje militar y policial conjunto, control de identidad vehicular, restricciones a las motocicletas, requisas de armas y apagones en los penales. Repitió la fórmula en todas las fronteras ante la crisis migratoria y convirtió las inspecciones sorpresa a las cárceles en su principal recurso de imagen, sin que la extorsión y el sicariato cedieran de forma sostenida. El costo en libertades fue explícito: la represión de las marchas de la Generación Z del 15 de octubre de 2025 dejó más de cien heridos entre manifestantes y policías, y la muerte de Eduardo Ruiz, alcanzado por un perdigón disparado por un agente de la Policía Nacional. En el Congreso ya había mostrado la misma vara: votó a favor de declarar la incapacidad moral de Pedro Castillo y apoyó el archivo de las investigaciones fiscales contra Dina Boluarte, blindaje al poder antes que fiscalización. La ironía final es que fue ese mismo Congreso con el que cogobernó el que lo censuró en febrero de 2026, un recordatorio de que en el Perú los contrapesos se activan por conveniencia y no por diseño.

Su gobierno respondió a la crisis migratoria con soberanismo de frontera: declaró el estado de emergencia en todas las fronteras del país ante el flujo que anticipaba el giro migratorio chileno tras la elección de José Antonio Kast. El 3 de noviembre de 2025 rompió relaciones diplomáticas con México después de que la embajada acogiera a la exprimera ministra Betssy Chávez, procesada por la conspiración del autogolpe de Pedro Castillo, expulsó al personal diplomático mexicano y en los días siguientes el Congreso declaró persona non grata a Claudia Sheinbaum, la ruptura más abrupta de la política exterior peruana reciente. Al mismo tiempo mantuvo la apertura comercial y la búsqueda de inversión extranjera, de modo que su nacionalismo es de fronteras y de gestos diplomáticos, no de proteccionismo económico. La contradicción quedó a la vista cuando se supo que el presidente que endurecía el discurso soberanista se reunía sin registro oficial con el empresario chino Zhihua Yang, en un chifa el 26 de diciembre de 2025 y en el Mercado Capón el 6 de enero de 2026, y que su descargo público fue que había ido a comprar dulces. Fue ese episodio, y no su política migratoria, el que le costó el cargo.