Gabriel Boric

Boric llegó al gobierno con una agenda de justicia distributiva y consiguió parte de ella: la semana laboral de 40 horas promulgada en abril de 2023, el royalty minero para financiar municipios y la ampliación de la cobertura pública de salud para los hogares más pobres. Su reforma tributaria, la pieza que debía financiar el resto del programa, fue rechazada en la Cámara de Diputados en marzo de 2023 y nunca se recuperó, y la reforma de pensiones solo salió en 2025 mediante un acuerdo con la derecha que mantuvo a las AFP y diluyó el componente de reparto que su coalición exigía. Mantuvo la disciplina macroeconómica y el diálogo con la inversión privada, un pragmatismo que le valió acusaciones de tibieza desde el Partido Comunista y de traición programática desde su propia militancia. Queda como una izquierda moderada más por aritmética parlamentaria que por convicción original: transformó bastante menos de lo que prometió y terminó administrando el modelo que había ofrecido superar.

Boric sostuvo una agenda social progresista durante todo su mandato: el primer gabinete con mayoría de mujeres de América, la ley Karin contra el acoso laboral, la ley TEA de apoyo al espectro autista y una defensa constante de los derechos de las disidencias sexuales y de los pueblos originarios. El proyecto de aborto legal que había prometido, en cambio, llegó tarde al Congreso y no avanzó, y las dos constituciones que habrían consagrado buena parte de esos derechos fueron rechazadas en 2022 y 2023. El caso de Manuel Monsalve, su subsecretario del Interior detenido en noviembre de 2024 y acusado de violación contra una funcionaria del propio ministerio, golpeó de lleno la credibilidad feminista del gobierno y expuso la distancia entre el discurso público y la práctica interna de La Moneda. Su progresismo es genuino y documentado, pero su gestión mostró más capacidad para nombrar las causas que para convertirlas en ley.

Boric fue un demócrata consistente que criticó el autoritarismo de cualquier signo, incluido el de Maduro, a quien enfrentó públicamente por el fraude electoral venezolano de 2024, algo poco común en la izquierda regional. Apoyó los dos procesos constituyentes y aceptó ambas derrotas sin cuestionar el resultado: el borrador progresista fue rechazado en septiembre de 2022 y el texto redactado por la derecha cayó en diciembre de 2023. Entregó el mando a José Antonio Kast el 11 de marzo de 2026 con plena normalidad institucional, pese a haber hecho campaña abierta contra él. Su límite no fue autoritario sino de eficacia: prorrogó en la macrozona sur los estados de excepción que había criticado como diputado, gobernó con una aprobación históricamente baja y vio cómo el caso Convenios, estallado en 2023 dentro de su propia coalición, erosionaba la promesa de probidad con la que llegó a La Moneda.

Boric ejerció un internacionalismo activo: ratificó el Acuerdo de Escazú que gobiernos anteriores habían congelado, dejó avanzar la entrada de Chile al CPTPP pese a haberlo rechazado como diputado, y usó los foros multilaterales para condenar tanto la guerra en Gaza como el autoritarismo venezolano. En migración, sin embargo, su gobierno pasó del discurso acogedor de campaña a la militarización de la frontera norte y a los vuelos de expulsión, un giro forzado por la presión electoral que aun así no frenó el ingreso irregular ni la expansión del Tren de Aragua. Esa contradicción, prometer una política migratoria humanitaria y terminar aplicando los controles que antes había criticado, fue uno de los flancos que la derecha capitalizó en la elección de 2025. Sigue siendo un globalista por convicción, pero su mandato mostró lo caro que resulta sostener esa posición cuando la seguridad domina la agenda.