Isabel Díaz Ayuso

Su identidad política se ha construido sobre la rebaja fiscal: Madrid suprimió en 2021 sus tributos propios, mantiene la bonificación total del impuesto de patrimonio y deflactó el tramo autonómico del IRPF desde 2022, además de crear deducciones para atraer inversión extranjera. Defiende la colaboración público-privada en sanidad, la escuela concertada, la liberalización de horarios comerciales y la desregulación urbanística, y presenta la competencia fiscal frente a otras comunidades como modelo, algo que gobiernos autonómicos vecinos denuncian como dumping. El reverso es una sanidad pública tensionada: el cierre en junio de 2022 de 20 de los 37 servicios de urgencia de atención primaria desató la marea blanca y dejó en los primeros días del nuevo dispositivo a tres de cada cuatro centros cerrados o sin médico, mientras el Hospital Isabel Zendal, levantado en cuatro meses en 2020, superó los cien millones de euros sin quirófanos ni urgencias. La compra en abril de 2026, a través de la empresa pública Planifica Madrid, de un ático de 6,3 millones de euros en Chamberí, devuelto al mercado en agosto por 6,69 millones después de que el PSOE lo llevara a la Fiscalía, choca de frente con su discurso de austeridad y con su idea de que el dinero rinde más en el bolsillo del contribuyente.

En diciembre de 2023 su gobierno pactó con Vox la reforma de las leyes madrileñas trans y LGTBI de 2016, eliminando la autodeterminación de género en el ámbito administrativo y recortando el régimen sancionador, una decisión recurrida por colectivos y por la oposición. Ya en 2020 había impulsado el llamado pin parental para que las familias pudieran vetar actividades escolares sobre diversidad afectivo-sexual, y desde entonces ha hecho del combate contra lo que llama wokismo, buenismo y Agenda 2030 un eje discursivo constante, además de defender la tauromaquia y el ocio nocturno frente a lo que describe como puritanismo progresista. Al mismo tiempo evita el frente moral duro de Vox: no plantea derogar la ley del aborto ni el matrimonio igualitario, y su perfil personal, soltera y sin hijos, la aleja del conservadurismo familista clásico. Esa mezcla explica por qué resulta más beligerante en lo cultural que Feijóo sin llegar al tradicionalismo doctrinal de Abascal, y por qué sus críticos la acusan de agitar la guerra cultural justo cuando aprietan los casos judiciales.

Isabel Díaz Ayuso se ubica hacia el lado autoritario por su defensa de un liderazgo ejecutivo muy concentrado, visible en el uso intensivo de decretos, en los choques con la oposición y en una gestión que durante la pandemia combinó apelaciones a la “libertad” con decisiones unilaterales de fuerte impacto sobre la vida pública. En Madrid sostuvo políticas de orden y control institucional, reforzó discursos punitivos sobre ocupación, seguridad e inmigración, y mantuvo una relación áspera con medios críticos y adversarios políticos, a menudo presentados como enemigos más que como contrapesos legítimos. Aunque se proyecta como liberal en lo económico y en cuestiones de estilo de vida, su práctica política privilegia la autoridad del gobierno regional, la confrontación vertical y un uso del poder poco inclinado al consenso. A eso se suma la sombra de contradicciones y escándalos en su entorno, como el caso de las comisiones vinculadas a su hermano y las críticas persistentes por la gestión de las residencias durante la COVID-19, episodios que reforzaron la percepción de opacidad y de ejercicio defensivo del poder.

Es la voz más dura del PP contra el independentismo: rechazó la amnistía a los encausados del procés, la financiación singular para Cataluña y cualquier pacto con Junts o ERC, y reivindica Madrid como bastión de la unidad de España frente a lo que describe como el troceamiento del Estado. En 2025 y 2026 ha endurecido su posición migratoria: se opuso al reparto de menores extranjeros no acompañados y en agosto de 2026 acusó a Sánchez de una inmigración descontrolada, pese a que los registros oficiales muestran que Madrid tutelaba en junio de 2026 a 1.514 menores frente a los 2.184 de comienzos de 2025, casi un 30% menos, un dato que desarma el argumento de la saturación. Su nacionalismo es, sin embargo, económicamente abierto: corteja capital e inversión latinoamericana, presume de Madrid como ciudad global y receptora de residentes extranjeros de alto poder adquisitivo, y no plantea salir de la Unión Europea ni cerrar mercados, a diferencia de Vox. Sus críticas a Bruselas se concentran en el Pacto Verde, la Agenda 2030 y la política migratoria, no en el proyecto europeo como tal, lo que la sitúa lejos del soberanismo económico de la extrema derecha.