Marlon Vargas

Vargas llegó a la presidencia de la CONAIE en julio de 2025 con una agenda de defensa territorial frente al extractivismo, y su primera prueba fue el decreto 126 del 12 de septiembre de 2025, que eliminó el subsidio al diésel y llevó el galón de 1,80 a 2,80 dólares. Convocó el paro nacional que arrancó el 22 de septiembre exigiendo restituir el subsidio o compensarlo, revocar la licencia del proyecto minero Loma Larga en Kimsakocha y, ya en octubre, elevar el salario básico a 650 dólares. En febrero de 2026 reclamó el archivo del proyecto de ley minera y energética por debilitar la consulta previa y la protección ambiental, y en junio de 2026 exigió anular una concesión de 627 hectáreas sobre territorio ancestral. Su marco no es la planificación estatal clásica sino la economía comunitaria: control indígena del territorio, rechazo a las concesiones a transnacionales mineras y petroleras, y desconfianza hacia los ajustes pactados con organismos multilaterales. La crítica de fondo es que el pliego rara vez llega con una alternativa fiscal, porque defiende un subsidio generalizado que beneficia sobre todo al transporte y a los grandes consumidores sin proponer una focalización creíble, y el paro terminó el 22 de octubre de 2025, en su día 31, sin recuperarlo.

Su progresismo es el de los derechos colectivos más que el de las libertades individuales: defiende el Estado plurinacional consagrado en la Constitución de 2008, la educación intercultural bilingüe, la justicia indígena y los derechos de la naturaleza, y ha denunciado el racismo y la criminalización con que el Estado trata la protesta indígena y amazónica. En la campaña por el No de noviembre de 2025 se opuso a la constituyente de Daniel Noboa precisamente por el riesgo de recortar esos derechos ya reconocidos. Sobre la agenda liberal clásica, en cambio, su discurso público es casi inexistente: no ha fijado una posición visible sobre aborto, derechos LGBTI ni laicidad, algo coherente con unas bases amazónicas donde el peso de las iglesias evangélicas y católicas es considerable. La propia CONAIE tampoco ha resuelto sus asignaturas pendientes, con una presencia femenina minoritaria en la dirigencia y un congreso en 2025 que volvió a dirimirse entre dos candidatos varones. Es un progresismo comunitario y ecologista, no uno de costumbres.

Su expediente está construido contra la concentración del poder: denunció el estado de excepción que Noboa extendió a siete provincias en septiembre de 2025, el toque de queda vigente desde el 18 de septiembre y el despliegue militar, y exigió investigar la muerte del dirigente Efraín Fuérez, abatido de un disparo por la espalda en Cotacachi el 28 de septiembre. La Corte Constitucional le dio parte de la razón el 3 de octubre de 2025 al anular esas medidas en cinco de las siete provincias, y él mismo acabó procesado junto a Leonidas Iza y Guillermo Churuchumbi por instigación y terrorismo, con acusaciones que podrían implicar hasta cuarenta años de cárcel. La CONAIE bajo su mando fue determinante para tumbar el referéndum del 16 de noviembre de 2025, incluidas la pregunta que habría permitido bases militares extranjeras y la que convocaba una asamblea constituyente. La contracara es su propio manejo de la calle: el 4 de octubre de 2025 amenazó con tomarse Quito y radicalizar el paro, el 13 se desdijo asegurando que nunca hubo intención de tomar ni incendiar la capital, y el 22 lo levantó sin el subsidio, tras cuatro muertos, unos 450 heridos y 206 detenidos en las comunidades que sostuvieron los cierres viales. Arrastra además un detalle incómodo para su discurso antiestatal, porque entre 2014 y 2015 fue servidor de apoyo en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política del correísmo, la cartera que administraba la relación del Gobierno con los movimientos sociales en años en que se procesaba a dirigentes indígenas por sabotaje y terrorismo.

El componente soberanista es explícito en su gestión: la CONAIE se inscribió por el No en la pregunta que habría autorizado bases militares extranjeras en noviembre de 2025, rechazada por seis de cada diez votantes, y su discurso opone de forma constante el territorio de las nacionalidades a las petroleras y mineras transnacionales. Como presidente de la Confeniae, cargo al que llegó en 2016 y en el que fue reelegido en 2020, encabezó la resistencia amazónica a las rondas petroleras y a proyectos con capital extranjero, y en febrero de 2026 pidió archivar la ley minera y energética por abrir la puerta a la inversión externa sin garantías ambientales ni consulta. Su nacionalismo, sin embargo, no es el del Estado nación: la plurinacionalidad que defiende cuestiona la idea misma de un Ecuador homogéneo y se apoya en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y en redes amazónicas como la COICA. Esa ambivalencia le permite ser antiimperialista en la retórica y acudir al sistema interamericano y a relatores de Naciones Unidas cuando el Estado ecuatoriano incumple, una vía que el movimiento amazónico usa desde la sentencia de Sarayaku en 2012 y que sus críticos leen como una soberanía de geometría variable. El resultado es un soberanismo comunitario antes que patriótico, que defiende con más energía las fronteras del territorio indígena que las del país.