Lula da Silva

Lula restableció Bolsa Família en enero de 2023, con un piso de 600 reales por familia y un adicional por cada hijo menor de seis años, sustituyó el techo de gasto por un nuevo marco fiscal y sacó adelante la reforma tributaria (Enmienda Constitucional 132 de 2023), la mayor revisión del sistema impositivo brasileño en décadas. Esa combinación define su lugar en el eje: Estado activo, gasto social ampliado y bancos públicos y Petrobras como instrumentos de desarrollo, pero sin nacionalizaciones ni ruptura con el capital financiero. Su tercer mandato mostró crecimiento, desempleo a la baja e inflación contenida, aunque con déficits primarios persistentes y una deuda pública en ascenso que no logró estabilizar. El pragmatismo tiene un costo conocido: las alianzas con el Centrão y con el agronegocio que sostienen su mayoría bloquearon las reformas estructurales que el PT prometió durante décadas. Y el pasivo de Lava Jato sigue pesando, porque sus condenas fueron anuladas en 2021 por falta de competencia del tribunal y parcialidad del juez, no por una absolución sobre el fondo.

Su agenda social se apoya en transferencias y política de ingresos: Bolsa Família y Fome Zero relanzados en 2023, aumentos del salario mínimo por encima de la inflación y alivio del impuesto sobre la renta para los tramos bajos, todo orientado a la inclusión material más que a la disputa cultural. En lo ambiental su tercer mandato revirtió la tendencia del gobierno anterior, con una caída sostenida de la deforestación amazónica desde 2023 y la organización de la COP30 en Belém en noviembre de 2025, cumbre que sin embargo cerró sin compromiso vinculante para abandonar los combustibles fósiles mientras su propio gobierno defendía la expansión petrolera de Petrobras. Esa es la contradicción central de su progresismo: reclama liderazgo climático y a la vez apuesta por nuevas fronteras de crudo. En derechos civiles ha sido deliberadamente cauto y delega en el Congreso y en los tribunales asuntos como el aborto, para no romper con la bancada evangélica ni con el Centrão. El resultado es un progresismo redistributivo y moderado, más cómodo repartiendo ingresos que peleando reformas de costumbres.

Lula gobierna dentro de las reglas: respondió al asalto bolsonarista a las sedes de los tres poderes del 8 de enero de 2023 con la intervención federal en la seguridad del Distrito Federal y respaldó la investigación judicial, que terminó con la condena de Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión en septiembre de 2025 por la trama golpista. Su modo de ejercer el poder es negociado más que verticalista, con coaliciones amplias en el Congreso, espacios de participación popular y sin ataques frontales a la prensa ni a los tribunales. Los reparos son otros: el clientelismo en el reparto de enmiendas parlamentarias, un aparato partidario extremadamente centralizado en su figura y la sombra de Lava Jato, que erosionó la confianza en el PT aunque sus propias condenas fuesen anuladas en 2021. También pesa la comodidad con que su gobierno acepta el apoyo del Centrão a cambio de cargos y presupuesto, una práctica que él mismo criticaba desde la oposición. Es un liderazgo personalista hacia adentro y respetuoso de las instituciones hacia afuera, otra vez a prueba en la campaña por la reelección.

Lula sostiene una política exterior de autonomía por diversificación: impulso a los BRICS, cuya cumbre presidió en Río de Janeiro en julio de 2025, cooperación Sur-Sur, integración latinoamericana y el empujón final a la aprobación preliminar del acuerdo Mercosur-Unión Europea. No es un nacionalismo identitario sino desarrollista y tercermundista, con Petrobras y la banca pública como herramientas y con la ambición de un asiento propio para Brasil en la mesa global. Cuando Donald Trump impuso el 30 de julio de 2025 un arancel del 50 % a la mayoría de las exportaciones brasileñas alegando persecución judicial contra Bolsonaro, Lula respondió que la injerencia estadounidense en la justicia brasileña era inaceptable, aceleró el acercamiento a China y las iniciativas de desdolarización, y capitalizó el conflicto en clave de soberanía. La incoherencia está en la parte moral del discurso: el mismo gobierno que reivindica multilateralismo y derechos humanos tardó en distanciarse de Nicolás Maduro tras las elecciones venezolanas de 2024 y mantiene la cautela con Nicaragua y Cuba, y su propuesta de mediación en Ucrania fue leída como equidistancia ante la agresión rusa. En 2026 esa bandera soberanista es el eje central de su campaña por la reelección.