Paloma Valencia

Su programa presidencial de 2026 fue explícitamente promercado: eliminación del impuesto al patrimonio, rebaja del impuesto de renta corporativo y del predial, recorte del veinticinco por ciento en los gastos de funcionamiento del Ejecutivo y congelamiento de buena parte de los contratos de prestación de servicios, todo con la meta de un crecimiento anual del cinco por ciento por la vía de la confianza inversionista. En el Senado sostuvo doce años de oposición frontal a las reformas laboral, pensional y de salud de Gustavo Petro, a las que acusó de destruir empleo y ahuyentar la inversión privada. Ese discurso tiene grietas verificadas: un chequeo del medio Vorágine a sus críticas contra la reforma laboral concluyó que era falso que la norma prohibiera la tercerización, cuando en realidad la regulaba, y falso que obligara a plataformas como Rappi a contratar de planta a los domiciliarios. Y a comienzos de agosto de 2026, ya fuera del Congreso, negó que el Centro Democrático sea un partido hayekiano y sostuvo que quien crea en un Estado quieto mientras la gente pasa hambre está en el partido equivocado, una moderación retórica difícil de conciliar con el programa de supresión de impuestos y tijera fiscal que ella misma había defendido en campaña.

Rechaza la despenalización amplia del aborto que la Corte Constitucional aprobó en 2022 y solo admite la interrupción bajo las tres causales históricas, dentro del primer trimestre. Al mismo tiempo se aparta de la derecha religiosa dura: ha dicho que no ve razón para impedir la adopción por parejas del mismo sexo o por personas solteras y ha reivindicado la libertad de amar, aunque rechaza la etiqueta feminista por considerarla de izquierda. El punto más áspero de su historial no es el sexual sino el étnico: en 2015 escribió en Twitter que las tierras del Cauca son de sus dueños legales y que la ocupación indígena constituye una invasión violenta, y propuso dividir el departamento en uno indígena y otro mestizo, algo que la ONIC y el CRIC calificaron de segregación racista. La incomodidad de fondo es de origen, porque su bisabuelo, el poeta Guillermo Valencia, se opuso a las reclamaciones de resguardo de los paeces en ese mismo departamento, y un primo suyo, Nicolás Laserna, enfrenta procesos de recuperación estatal por unas seis mil hectáreas de baldíos en Vichada, antecedentes que le restan credibilidad al argumento de pura autonomía constitucional con el que defendió su propuesta. Su fórmula vicepresidencial en 2026, Juan Daniel Oviedo, sostenía además posiciones opuestas a las suyas en adopción homoparental, lo que dejó a la campaña sin una línea social coherente.

Su bandera de campaña en 2026 fue el Plan 30-30: treinta mil militares y treinta mil policías adicionales, gasto en seguridad cercano al cuatro por ciento del PIB y una apuesta por drones y ciberinteligencia. A eso suma doce años de oposición al acuerdo de paz de 2016 y un proyecto radicado en octubre de 2025 para reformar la JEP mediante doble instancia, doble conformidad y tutela ampliada contra sus fallos, cambios que varios juristas leyeron como una alteración de la arquitectura del tribunal. También ha presionado sobre los testigos del caso de Álvaro Uribe: en 2025 vinculó públicamente a la testigo Deyanira Gómez con la criminalidad y las FARC, y el abogado de esta, Miguel Ángel del Río, la denunció por injuria y calumnia ante la Corte Suprema. Sobre los falsos positivos admite que fueron actos atroces, pero niega que hayan sido política sistemática del Estado y los atribuye a la presión por resultados, una distinción que sus críticos leen como minimización de la responsabilidad institucional en más de seis mil ejecuciones extrajudiciales. Aun así no es una figura caudillista: operó siempre dentro del Congreso, aceptó su derrota sin cuestionar el conteo y en agosto de 2026 marcó distancia expresa del modelo de Bukele, lo que la mantiene lejos del autoritarismo personalista y más cerca del uribismo institucional del que proviene.

En marzo de 2026 anunció que pediría a Donald Trump incluir a Colombia en el Escudo de las Américas, la iniciativa antinarcóticos regional que Gustavo Petro había atacado, y advirtió que perseguiría a los narcotraficantes incluso dentro de Venezuela. Cuando fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en Caracas en enero de 2026, celebró públicamente la operación. Su nacionalismo es, por tanto, de alineamiento y seguridad hemisférica, no de soberanía ni de proteccionismo: su programa económico corteja al capital extranjero con rebajas tributarias en lugar de blindar la industria nacional. Ahí está la tensión que nunca resolvió, porque hacer campaña sobre la patria y la firmeza mientras se invita un paraguas militar externo es una posición difícil de sostener en el debate público. De la Espriella explotó esa ambigüedad al ofrecer el mismo alineamiento con Washington en un registro patriótico mucho más ruidoso, y se quedó con el electorado que ella creía propio.