Cristina Fernández de Kirchner

Cristina profundizó el intervencionismo: nacionalizó YPF (pagando una indemnización millonaria a Repsol sin plan claro para la empresa), implementó cepo cambiario y expandió el gasto público hasta generar déficit crónico financiado con emisión. El INDEC fue intervenido para falsificar la inflación, negar la realidad estadística como política de estado. Dilapidó las reservas acumuladas y dejó una economía estancada con inflación desbocada, controles distorsivos y un atraso tarifario que explotaría sobre sus sucesores.

Bajo su gobierno se aprobó el matrimonio igualitario (2010) y la ley de identidad de género (2012), dos hitos legislativos de reconocimiento internacional. Expandió la Asignación Universal por Hijo y programas de inclusión. Sin embargo, su agenda progresista convivía con alianzas con sectores conservadores como el sindicalismo ortodoxo, y nunca impulsó la legalización del aborto pese a las demandas de su propia base.

Cristina llevó la confrontación institucional a niveles sin precedentes: la Ley de Medios buscó fragmentar al Grupo Clarín, intentó una reforma judicial para controlar la designación de jueces, y gobernó en una lógica amigo-enemigo donde toda crítica era "destituyente". Cadenas nacionales interminables servían como púlpito para atacar periodistas por nombre. Condenada a 6 años e inhabilitación perpetua por corrupción en la causa Vialidad, las pruebas documentan un sistema de desvío de obra pública organizado desde la presidencia.

Cristina mantuvo la línea latinoamericanista de Néstor, fortaleciendo UNASUR y la alianza con Venezuela y Bolivia. Hizo de la soberanía sobre Malvinas una causa central de su política exterior. Se distanció de Estados Unidos y los organismos financieros internacionales. Su nacionalismo combinaba reivindicación territorial con antiimperialismo y solidaridad con gobiernos afines ideológicamente.