Cristina Fernández de Kirchner

Cristina profundizó el intervencionismo: nacionalizó YPF (pagando una indemnización millonaria a Repsol sin plan claro para la empresa), implementó cepo cambiario y expandió el gasto público hasta generar déficit crónico financiado con emisión. El INDEC fue intervenido para falsificar la inflación, negar la realidad estadística como política de estado. Dilapidó las reservas acumuladas y dejó una economía estancada con inflación desbocada, controles distorsivos y un atraso tarifario que explotaría sobre sus sucesores.

Bajo su gobierno se aprobó el matrimonio igualitario (2010) y la ley de identidad de género (2012), dos hitos legislativos de reconocimiento internacional. Expandió la Asignación Universal por Hijo y programas de inclusión. Sin embargo, su agenda progresista convivía con alianzas con sectores conservadores como el sindicalismo ortodoxo, y nunca impulsó la legalización del aborto pese a las demandas de su propia base.

Cristina llevó la confrontación institucional a niveles sin precedentes: la Ley de Medios de 2009 buscó fragmentar al Grupo Clarín, la reforma judicial de 2013 intentó poner la designación de jueces bajo control político hasta que la Corte Suprema la declaró inconstitucional, y gobernó en una lógica amigo-enemigo donde toda crítica era "destituyente". Las cadenas nacionales le servían de púlpito para atacar a periodistas por nombre. Un tribunal oral la condenó en diciembre de 2022 por administración fraudulenta en el direccionamiento de la obra vial de Santa Cruz, aunque la absolvió del cargo de asociación ilícita; Casación ratificó el fallo en noviembre de 2024 y la Corte Suprema lo dejó firme el 10 de junio de 2025, con seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Desde el 17 de junio de 2025 cumple prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en su departamento porteño de la calle San José, el mismo que el tribunal embargó en agosto de 2026 junto con otras propiedades para ejecutar el decomiso de la sentencia. Ella insiste en que todo es "lawfare", pero la condena pasó por tres instancias, y en noviembre de 2025 se abrió además el juicio oral de la causa Cuadernos, todavía sin sentencia, donde se la acusa de haber encabezado una asociación ilícita de cobro de sobornos.

Cristina mantuvo la línea latinoamericanista de Néstor, fortaleciendo UNASUR y la alianza con Venezuela y Bolivia. Hizo de la soberanía sobre Malvinas una causa central de su política exterior. Se distanció de Estados Unidos y los organismos financieros internacionales. Su nacionalismo combinaba reivindicación territorial con antiimperialismo y solidaridad con gobiernos afines ideológicamente.