Dilma Rousseff

Dilma intensificó el intervencionismo estatal de Lula con resultados desastrosos: subsidió energía artificialmente, expandió crédito público insosteniblemente y protegió industrias ineficientes. Las "pedaladas fiscales" (maquillaje contable para ocultar el déficit) fueron la base legal de su impeachment. El escándalo de Petrobras reveló un esquema de corrupción de miles de millones en contratos estatales que financiaba al PT y aliados; el caso involucró a ejecutivos de la empresa y a políticos de varios partidos. Aunque no fue imputada personalmente en Petrobras, Dilma fue presidenta de la República y dirigente política en el PT, pero no presidió Petrobras ni fue presidenta formal del partido.

Dilma Rousseff promovió políticas sociales orientadas a reducir la desigualdad, como la expansión de programas de transferencia de ingresos y acceso a la educación, consolidando una agenda progresista moderada. Su gobierno impulsó la ampliación de derechos sociales y la inclusión de minorías, aunque enfrentó críticas por la falta de avances significativos en temas de derechos reproductivos y la insuficiente respuesta a demandas feministas. La corrupción descubierta en Petrobras y la crisis económica limitada la capacidad de implementar reformas sociales más profundas, evidenciando contradicciones entre sus promesas y resultados. A lo largo de su mandato, mantuvo una posición progresista, aunque con un enfoque pragmático que evitó confrontaciones radicales en lo social.

Dilma fue destituida en 2016 tras un proceso de impeachment centrado en las llamadas "pedaladas fiscais" (maniobras fiscales), un proceso que fue legalmente concluyente en el Senado pero ampliamente debatido y politizado. Sus partidarios lo califican de golpe parlamentario orquestado por una clase política igualmente corrupta; sus críticos señalan que fue un proceso constitucional legítimo. La realidad es que el PT perdió su mayoría parlamentaria tras el colapso económico y los escándalos de Petrobras, y sus aliados la abandonaron. Operó dentro del sistema democrático pero su caída reflejó tanto la fragilidad institucional brasileña como el agotamiento de un modelo político sostenido por corrupción.

Dilma Rousseff adoptó una postura nacionalista moderada al priorizar políticas de fortalecimiento del mercado interno y defensa de empresas estatales estratégicas, como Petrobras, aunque promovió la integración regional a través de Mercosur y otros acuerdos multilaterales. Su gobierno impulsó programas sociales dirigidos a reducir la desigualdad interna, pero enfrentó críticas por la corrupción en Petrobras y la falta de transparencia, lo que debilitó su credibilidad nacionalista. A pesar de su discurso soberanista, la crisis económica y política la obligaron a buscar financiamiento externo, mostrando cierta dependencia de actores globales. La tensión entre el nacionalismo económico y la necesidad de inserción internacional marcó su gestión y su posicionamiento en el eje.