Flávio Bolsonaro

Su oferta económica es de ajuste declarativo más que de programa: promete recortar el gasto público, bajar impuestos y frenar durante un año la reforma tributaria aprobada bajo Lula para reescribir sus reglas, junto a privatizaciones que llama responsables y evalúa caso por caso. El problema es que llegó a la campaña de 2026 sin publicar un plan económico detallado, algo que le señalan analistas de todo el espectro, y su producción legislativa desde 2019 se concentró en armas, penas y seguridad, no en política fiscal. Promete a la vez ajuste del gasto y aumento del poder adquisitivo sin explicar de dónde sale la cuenta, una ambigüedad que lo deja lejos del liberalismo doctrinario de Milei o del Novo brasileño. Sobre esa promesa pesa el precedente del gobierno de su padre, cuyo anunciado shock liberal con Paulo Guedes terminó en gasto electoral récord en 2022, y la sospecha de que el ajuste vuelva a ceder ante la urna.

Su conservadurismo de costumbres está documentado en el propio expediente del Senado: se opone a cualquier ampliación del aborto, habló y votó contra la descriminalización de la marihuana advirtiendo que financiaría al narcotráfico, y sostiene la alianza del PL con las bancadas evangélica y armamentista. De las iniciativas que firmó entre 2019 y 2025 la mayoría gira en torno a la flexibilización del porte de armas y al endurecimiento penal, y prácticamente ninguna a derechos civiles o a la agenda de protección a las mujeres, un silencio legislativo tan revelador como sus votos. Hereda el marco moral de su padre pero lo administra con tono de gestor y menos provocación verbal, lo que le permite mantener intacta la agenda mientras amplía el margen con votantes de centro que rechazaban el estilo de Jair. Esa moderación es de forma y no de fondo, porque cambia el vocabulario mientras la agenda de costumbres, del aborto a las drogas, sigue siendo la misma que llevó a su padre al Planalto en 2018.

Su propuesta insignia, «Brasil sem Medo», plantea declarar organizaciones narcoterroristas a las facciones criminales y levantar cinco cárceles de máxima seguridad calcadas del modelo salvadoreño de Bukele. En el Senado fue de los más constantes en pedir el impeachment del ministro Alexandre de Moraes y en describir el asalto del 8 de enero de 2023 como un «crimen imposible», la base retórica de su promesa central: una amnistía amplia para los condenados por aquella jornada, entre ellos su propio padre, señalado como autor de la trama en el fallo de septiembre de 2025. Lo instrumental del planteo quedó a la vista en diciembre de 2025, cuando insinuó que podría retirar su candidatura a cambio de «favores», leído por todos como la libertad de Jair, y luego se desdijo. Su defensa de la libertad frente a lo que llama censura judicial convive mal con el caso de las rachadinhas, archivado en 2022 después de que el STJ anulara la prueba en noviembre de 2021 por el fuero que tenía como diputado estatal y nunca por el fondo, y con los mensajes de 2025 a Daniel Vorcaro: una idea de las instituciones en la que los contrapesos valen según a quién limiten.

El discurso es soberanista clásico de la derecha brasileña: agronegocio, antiglobalismo, desconfianza hacia la agenda climática multilateral y sintonía explícita con Donald Trump. En la práctica, sin embargo, el alineamiento con Washington ha ido más lejos que el nacionalismo, porque la presión que el bolsonarismo cultivó en Estados Unidos terminó en castigos contra el propio país: el arancel del 50% de julio de 2025, justificado abiertamente por el juicio a Jair, y las sanciones de la Ley Magnitsky contra autoridades judiciales brasileñas. El costo interno es medible, porque ante el arancel del 25% aplicado en julio de 2026 las encuestas de Quaest muestran que más brasileños culpan a Flávio que a Lula. Eso lo deja en un nacionalismo más instrumental que el de Abascal o el de su propio padre en 2019: la soberanía se invoca hacia adentro y se negocia hacia afuera cuando conviene a la causa familiar.