Marcelo Ebrard

Desde la Secretaría de Economía coordina el Plan México, la estrategia de política industrial y contenido nacional que Sheinbaum presentó en enero de 2025 para sustituir importaciones asiáticas y capturar inversión por relocalización. Impulsó en 2025 el alza arancelaria de hasta 50 por ciento sobre 1,463 fracciones de países sin tratado comercial, sobre todo China, vigente desde enero de 2026 y presentada como escudo para casi una veintena de sectores estratégicos. Al mismo tiempo defiende el libre comercio con América del Norte, descartó en julio de 2026 responder a Trump con aranceles espejo y es el interlocutor que el sector privado prefiere dentro de Morena, lo que lo ubica en el ala más promercado del oficialismo, lejos del estatismo de López Obrador. Su gestión capitalina combinó gasto social ampliado, seguro de desempleo y pensiones locales con obra pública de esquemas mixtos, entre ella la Línea 12 del Metro, cuyos sobrecostos y fallas de construcción desembocaron en el colapso de 2021. La contradicción es visible: predica apertura comercial mientras levanta el muro arancelario más alto en décadas, en buena medida por presión de Washington, y lo hace con la economía mexicana estancada en 2025, con un crecimiento inferior al uno por ciento.

Su gobierno en la Ciudad de México produjo el paquete de derechos más progresista de la historia mexicana reciente: la despenalización del aborto hasta las doce semanas en abril de 2007, el matrimonio entre personas del mismo sexo con derecho a adopción en diciembre de 2009 y la Ley de Voluntad Anticipada de 2008. Defendió esas reformas ante la Suprema Corte cuando la PGR y gobiernos panistas las impugnaron, y abrió el debate sobre la regulación de las drogas cuando casi nadie en la clase política se atrevía. Como canciller y como aspirante presidencial en 2023 bajó notablemente el volumen en estos temas para cortejar al voto moderado y empresarial, y desde Economía prácticamente no los toca. Pesa además la incoherencia de 2019: el político que se presentaba como aliado de los migrantes negoció y ejecutó el despliegue de la Guardia Nacional para contenerlos en la frontera sur. Aun con esos matices, su expediente lo ubica en el extremo progresista del espectro mexicano, por delante de Sheinbaum y muy lejos del conservadurismo social de López Obrador.

Marcelo Ebrard se ubica en el centro con inclinación autoritaria porque, como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, combinó políticas progresistas en derechos civiles con una gestión muy apoyada en el aparato estatal, la expansión de la videovigilancia y operativos de control urbano y policial. Su administración impulsó medidas de seguridad y orden público de corte centralizado, y durante crisis como la del News Divine quedó expuesto el costo de esa lógica: mandos bajo su gobierno fueron señalados por abusos, negligencia y encubrimientos, aunque él evitó quedar políticamente destruido. Más tarde, como canciller, defendió decisiones del Ejecutivo federal en temas migratorios y sanitarios que reforzaron la capacidad del Estado para contener, vigilar y administrar flujos de personas, incluso bajo presión de Estados Unidos. A pesar de su perfil modernizador y menos ideológico que otros dirigentes, su trayectoria muestra preferencia por un Estado fuerte, tecnocrático y con amplio margen de control, más que por una visión marcadamente libertaria de la autoridad.

Internacionalista de formación y canciller entre 2018 y 2023, Ebrard construyó su capital político en la integración: su cancillería cerró en 2019 el protocolo modificatorio que destrabó la ratificación del T-MEC, condujo la diplomacia de vacunas durante la pandemia, demandó a fabricantes de armas estadounidenses en 2021 e impulsó la presidencia mexicana de la CELAC en defensa del multilateralismo. Hoy insiste en preservar el arancel cero que cubre cerca del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas al amparo del T-MEC y rechaza represalias comerciales contra Washington, una postura pragmática que lo separa del soberanismo más duro de su propio partido. Esa vocación globalista tiene dos manchas grandes: en junio de 2019 negoció con la Casa Blanca, bajo amenaza arancelaria, el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur, ampliado después a decenas de miles en ambas fronteras para contener a migrantes centroamericanos, y desde 2025 es el autor del arancel de hasta 50 por ciento que golpea sobre todo a los productos chinos, justificado con el argumento de salvar empleos nacionales. En la revisión del T-MEC de 2026 mezcla lenguaje de soberanía con una defensa cerrada del bloque norteamericano y de la seguridad económica compartida. El resultado es un nacionalismo instrumental, mucho más tenue que el de López Obrador o Sheinbaum, siempre subordinado al cálculo de qué conviene negociar.