Carolina Cosse

Cosse construyó su trayectoria sobre la idea del Estado como motor productivo: al frente de ANTEL entre 2010 y 2015 impulsó el despliegue nacional de fibra óptica al hogar, el plan de datos gratuitos para todos los hogares y el cable submarino hacia Estados Unidos, defendiendo el papel dominante de la empresa pública frente a los operadores privados. Como ministra de Industria, Energía y Minería entre 2015 y 2019 apostó por una política industrial dirigida desde el Estado y por una matriz renovable gestionada por UTE. Desde diciembre de 2023 respaldó el plebiscito del PIT-CNT para eliminar las AFAP y bajar la edad jubilatoria, quedando a la izquierda de la propia fórmula presidencial que integraba; la papeleta fue rechazada en octubre de 2024 sin acercarse a la mayoría absoluta. El reverso de ese estatismo es el Antel Arena: presupuestado en unos 40 millones de dólares en 2014, alcanzó los 82 millones que ella misma reconoció en la interpelación de 2019 y terminó cuantificado por el Tribunal de Cuentas en cerca de 110 millones y por una auditoría interna en unos 118 millones, con 48 millones en obligaciones pendientes. La denuncia penal por esas irregularidades fue archivada por falta de pruebas suficientes y nunca hubo imputados, pero ni la ampliación del proyecto ni sus explicaciones alcanzaron a justificar un desvío de esa magnitud.

Cosse pertenece a la corriente frenteamplista que legalizó el aborto en 2012, el matrimonio igualitario en 2013 y la regulación estatal del cannabis ese mismo año, y nunca planteó revisar ninguna de esas leyes. Como intendenta de Montevideo entre 2020 y 2024 sostuvo el Plan ABC, un programa de abastecimiento básico y cuidados dirigido sobre todo a hogares encabezados por mujeres, y desde la vicepresidencia insiste en la participación femenina en ciencia y tecnología, terreno donde su formación de ingeniera le da un lugar propio dentro de la izquierda regional. Su progresismo, sin embargo, es sobre todo de gestión: fuerte en programas y presupuestos, prudente en la disputa cultural abierta, algo que sus aliados leen como sobriedad institucional y sus críticos de izquierda como falta de audacia. También pesa el contraste entre el discurso de cercanía y el estilo real de gobierno: su salida de la intendencia en julio de 2024, con acto de despedida incluido, fue criticada como populista incluso dentro de su propio campo.

Cosse se mueve dentro del marco institucional uruguayo sin cuestionarlo: preside el Senado y la Asamblea General desde marzo de 2025, su fuerza política no propone mano dura ni estados de excepción, y su historial en libertades civiles es liberal, coherente con el país que despenalizó el aborto, aprobó el matrimonio igualitario y reguló el cannabis. El contrapeso es su estilo de mando: en ANTEL y en la intendencia gobernó de forma vertical y personalista, y su reflejo ante el control externo fue defensivo, como quedó en evidencia en la interpelación parlamentaria de 2019 por el Antel Arena. En marzo de 2023 la Junta Departamental de Montevideo la citó por la falta sistemática de respuesta a los pedidos de informes de los ediles, episodio que derivó en un pedido de juicio político que el Senado terminó rechazando. Esa combinación, respeto por las reglas del sistema y escasa tolerancia al control externo sobre su propia gestión, la deja del lado libertario sin acercarla al extremo.

El nacionalismo de Cosse es económico y no identitario: su bandera es la soberanía tecnológica, con cable submarino propio, centros de datos estatales y defensa de ANTEL frente a las telefónicas extranjeras, una lógica desarrollista de campeones nacionales. Al mismo tiempo es firmemente multilateralista, sostiene el Mercosur como espacio de integración y desde la vicepresidencia cultiva agenda diplomática y cooperación regional, sin ninguno de los reflejos antiinmigración o de repliegue cultural que definen a la derecha nacionalista del continente. La contradicción está en el expediente: el gobierno que integró como ministra de Industria firmó en 2017 el contrato con la finlandesa UPM para la segunda planta de celulosa, con exoneraciones fiscales, zona franca e infraestructura ferroviaria financiada por el Estado, exactamente el tipo de concesión al capital extranjero que su discurso soberanista suele cuestionar. El resultado es una posición de centro: proteccionista cuando se trata de empresas públicas uruguayas, abierta y pragmática cuando la inversión extranjera llega con empleo y divisas.