Iván Cepeda

Cepeda viene de la Juventud Comunista, la Unión Patriótica y el Polo Democrático, y su programa de 2026 tradujo esa tradición en un intervencionismo explícito: banca pública respaldada por el Estado para asumir riesgos que la banca comercial evita y redirigir el crédito hacia la economía popular, ampliación de la reforma agraria en un millón de hectáreas adicionales y una llamada revolución agraria con redes de acopio, cuartos fríos y plantas de transformación administradas por juntas de acción comunal. Defendió sin matices las reformas laboral y pensional de Petro y planteó recuperar cadenas productivas como el algodón, la yuca, el cacao y el café mediante política industrial dirigida desde el Estado. Su fórmula de capitalismo productivo evitó hablar de nacionalizaciones, un gesto de moderación de campaña que a la vez dejó sin explicar cómo se financiaba todo eso sobre el déficit fiscal heredado. La comparación incómoda es con la ejecución real del gobierno que lo respaldó: la reforma agraria de Petro entregó bastante menos tierra de la prometida, de modo que Cepeda ofrecía profundizar una política cuyo principal problema documentado era la incapacidad de ejecutarla. Aun así, el rumbo declarado es de los más estatistas y redistributivos que ha llevado un finalista presidencial colombiano.

En materia social Cepeda es de los progresistas más consistentes del Congreso colombiano: defiende el derecho al aborto y la decisión libre de las mujeres sobre su cuerpo, ha denunciado la resistencia de funcionarios a cumplir las sentencias de la Corte Constitucional sobre parejas del mismo sexo y derechos de personas LGBT, y propone abandonar el paradigma prohibicionista mediante la regulación o despenalización progresiva de las drogas. Su trabajo con víctimas del conflicto y con el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado lo ancló durante décadas en la agenda de memoria, verdad y reparación, terreno donde su credibilidad es difícil de disputar. El matiz es de oportunidad: de cara a la segunda vuelta de junio de 2026 suavizó el tono y buscó el encuentro con el centro y con sectores religiosos, dejando en segundo plano banderas que había defendido sin ambages como senador. También carga con la tensión de venir de una tradición comunista que históricamente subordinó lo cultural a lo económico y que llegó tarde a estas causas, algo que él resolvió por evolución personal más que por debate interno de su corriente.

Iván Cepeda se ubica hacia el polo libertario porque su trayectoria legislativa y política ha estado centrada en la defensa de derechos civiles, la implementación del acuerdo de paz, la protección de líderes sociales y la denuncia de abusos estatales, en especial ejecuciones extrajudiciales, paramilitarismo y espionaje contra opositores. Desde el Congreso impulsó debates de control político sobre violaciones de derechos humanos y respaldó mecanismos de verdad, justicia y reparación, una agenda asociada a límites fuertes sobre la fuerza pública y a una visión garantista frente al poder coercitivo del Estado. Aun así, su cercanía con sectores de izquierda que promueven una intervención estatal más amplia, y su disposición a usar herramientas judiciales e institucionales contra redes de poder ilegales y corruptas, lo alejan del libertarismo duro y lo ubican en una posición moderada. También ha recibido ataques que lo presentan como indulgente con exguerrilleros, pero su conducta pública ha sido más consistente en ampliar libertades políticas y proteger la disidencia que en justificar controles autoritarios.

Su política exterior declarada para 2026 se resume en paz, multipolaridad y no subordinación a ninguna potencia: alertó en enero de 2026 que Estados Unidos intentaba influir en la elección colombiana, describió la estrategia de Trump como neofascista y sostuvo que la captura de Nicolás Maduro y la intervención militar en Venezuela buscaban revocar el orden internacional y la soberanía estatal, con el petróleo como interés real. En lo económico ese soberanismo se traduce en producción nacional, seguridad alimentaria y recuperación de cadenas productivas frente a la apertura importadora, y ya como senador de oposición lo convirtió en su primera bandera contra las bases militares estadounidenses que atribuye al gobierno de De la Espriella. Del otro lado tira su internacionalismo: defensa de los migrantes venezolanos, apego a los organismos multilaterales de derechos humanos que usó durante décadas para litigar contra el Estado colombiano, e integración latinoamericana como marco, lo que lo aleja del nacionalismo identitario de la derecha regional. La crítica más filosa es la asimetría: invoca la soberanía y el derecho internacional con volumen alto cuando el actor es Washington y con voz baja cuando el asunto es Caracas o La Habana, un antiimperialismo que sus adversarios leen como conveniencia.